La audiencia de medidas cautelares de Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio comenzó pocos minutos después de las 05:00 de este sábado 3 de octubre y se desarrolla de forma virtual, en el Juzgado 5.º de Instrucción Cautelar de La Paz. En esta etapa, la Fiscalía paceña busca que los cuatro aprehendidos sean enviados a prisión preventiva por seis meses mientras avanza la investigación abierta por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el narcotráfico.
Durante la sesión, el Ministerio Público debe exponer los elementos que respaldan su imputación formal, mientras que las defensas de los investigados presentan sus argumentos para intentar evitar la detención preventiva solicitada. Los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Sarmiento Valdivia, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico y Medio Ambiente, pidieron que Mariaca, Zeballos e Irusta sean recluidos en el penal de San Pedro, y que Aparicio cumpla la medida en el penal de Patacamaya, ambos en el departamento de La Paz.
Según la imputación fiscal a la que accedió EL DEBER, los cuatro son investigados por tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. La hipótesis planteada por el Ministerio Público es que habrían integrado una estructura que brindaba presunta protección institucional al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, lo que habría facilitado actividades vinculadas con el almacenamiento y la salida de sustancias controladas del país. Se trata, sin embargo, de extremos que deberán ser contrastados en el control jurisdiccional correspondiente durante la investigación y el proceso penal.
La imputación incorpora informes policiales, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras, antecedentes procedentes de Estados Unidos, material audiovisual y los dispositivos electrónicos y dinero secuestrados durante las aprehensiones. Entre los elementos citados figura un video difundido por Marset en el que menciona a Mariaca y Aparicio. La Fiscalía también sostiene que parte de la información reunida deberá ser verificada mediante nuevas diligencias investigativas.
En el caso de Martín Irusta, fiscal superior detenido en Sucre, el documento de imputación señala que fue encontrado en dependencias de la Fiscalía General del Estado cuando presuntamente intentaba retirar documentación y expedientes relacionados con la investigación. Para el Ministerio Público, esa conducta podría haber estado orientada a obstaculizar las pesquisas. En ese mismo contexto, la imputación menciona un cable tipo C que habría sido hallado en poder del fiscal y que, según la hipótesis fiscal, estaría vinculado con el intento de extraer información.
Los cuatro investigados fueron aprehendidos durante el operativo ejecutado la noche del miércoles 30 de septiembre. Aparicio fue detenido en La Paz, Irusta en Sucre, y Mariaca y Zeballos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando fueron interceptados por agentes del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP). Desde entonces permanecen bajo custodia policial a la espera de que la autoridad jurisdiccional defina su situación.
La Fiscalía afirma que existen elementos y riesgos procesales suficientes para sustentar la detención preventiva solicitada, mientras que las defensas podrán cuestionar esos fundamentos y pedir medidas menos gravosas. La resolución final sobre la medida cautelar, su duración y el lugar de reclusión quedará en manos del juez que conduce la audiencia.
