Un tribunal dictó condenas de 8 y 4 años de cárcel contra tres mujeres implicadas en una estafa múltiple inmobiliaria que afectó a varias personas, en su mayoría adultos mayores, quienes entregaron sus ahorros confiando en la legalidad de las operaciones. El caso se resolvió tras un proceso judicial que se extendió desde 2021 y que estuvo marcado por constantes obstáculos procesales y maniobras dilatorias de las defensas.
Las sentenciadas fueron identificadas como Elia R. M. G., considerada la principal responsable, junto con sus hijas Carmen T. C. M., Cindy C. C. M. y Elia F. C. M. De acuerdo con la información del caso, el grupo ofrecía la misma propiedad a distintos compradores mediante contratos de anticrético y ventas sucesivas, pese a que el inmueble presentaba un amplio historial de irregularidades tras el fallecimiento de su propietario. Para ello, habrían utilizado un poder amplio que les permitió concretar transacciones irregulares.
El perjuicio económico superó los 500 mil dólares y el caso acumuló más de 46 gravámenes, lo que refleja la magnitud del fraude inmobiliario. Entre las víctimas hubo personas humildes y ahorristas de toda la vida que confiaron en la supuesta legitimidad de la operación. Tres de las principales víctimas fallecieron durante el desarrollo del juicio, entre ellas una mujer de 86 años, un hecho que elevó el costo humano del proceso y reforzó el reclamo de los familiares por sanciones ejemplares.
Durante la tramitación del caso se registraron múltiples trabas, incluidas solicitudes de suspensión de audiencias mediante certificados médicos y otras tácticas que prolongaron el proceso. Incluso una de las implicadas obtuvo libertad temporal tras quedar embarazada. Pese a ello, el juicio avanzó con la compulsa jurídica y la valoración de pruebas por parte del Ministerio Público, en un escenario en el que la colaboración del Consejo de la Magistratura y del abogado Erick Águila fue destacada por la abogada Mery Gómez Antezana, quien llevó adelante la defensa legal.
La sentencia fue consolidada el 30 de septiembre de 2026, según los datos del caso. Tras el fallo, Mery Gómez recomendó a la población verificar siempre el estado legal real de los bienes inmuebles antes de realizar cualquier transacción, con el fin de evitar ser víctima de fraudes similares.
