La Fiscalía de Bolivia presentó una imputación formal contra Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, dentro de un caso en el que también pidió la detención preventiva de los cuatro por seis meses en los centros penitenciarios de San Pedro y Patacamaya, en La Paz.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, la imputación alcanza al exfiscal general Roger Rider Mariaca Montenegro, al exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos Flores, al mayor de la Policía Rubén Aparicio Villarroel y al fiscal superior Martín Irusta Flores. La Fiscalía sostiene que, a partir de los antecedentes y elementos de convicción reunidos en la fase inicial de la investigación, los hechos atribuidos no solo deben ser evaluados por tráfico de sustancias controladas, sino también por la presunta existencia de una estructura criminal.
El caso se activó con la aprehensión de Rubén Aparicio, quien fue el primero en ser detenido. Después, Mariaca y Zeballos fueron interceptados en inmediaciones del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. En tanto, Irusta fue aprehendido en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, cuando, según la imputación formal, intentaba sustraer y extraer documentación y expedientes confidenciales vinculados a la investigación.
En su solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía argumentó que existe probabilidad de autoría, además de riesgo de fuga y peligro de obstaculización del proceso. En ese marco, sostuvo que los imputados podrían destruir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o influir sobre partícipes, víctimas, testigos o peritos para alterar sus declaraciones o generar reticencia en la investigación.
Respecto de Roger Mariaca, la imputación se apoya también en referencias contenidas en un material audiovisual, en el que el ciudadano Marset lo menciona como amigo. Según el documento citado por la Fiscalía, esa referencia forma parte de los elementos que respaldan la hipótesis de una presunta asociación criminal integrada por varias personas, entre ellas Rubén Aparicio, Alberto Zeballos y Martín Irusta, orientada a la comisión de delitos vinculados con la legitimación de ganancias ilícitas y el tráfico de sustancias controladas.
La investigación también detalla que Mariaca habría ocupado un rol institucional clave primero como fiscal departamental de Santa Cruz entre 2020 y 2024, y luego como máxima autoridad del Ministerio Público. Durante su aprehensión, además, se le secuestraron dos teléfonos iPhone, una iPad, Bs 19.850 y 2.100 dólares en efectivo.
El caso coloca bajo investigación penal a la principal autoridad del Ministerio Público y abre un nuevo frente de tensión institucional en Bolivia, en medio de una causa que la Fiscalía considera de alta gravedad por los presuntos vínculos con narcotráfico y delincuencia organizada.
