La imputación contra el fiscal general Róger Mariaca sostiene que, junto con otros funcionarios y colaboradores, habría participado en la conformación de una estructura criminal dentro del Ministerio Público destinada a garantizar impunidad al narcotraficante Sebastián Marset. El documento plantea que, lejos de actuar de manera imparcial, Mariaca habría ofrecido una protección selectiva que contradecía su deber de ejercer y dirigir la acción penal, favoreciendo así la injusticia y la impunidad en beneficio del uruguayo.
Entre los elementos que la acusación utiliza para sustentar esa versión figura un video en el que Marset se refiere a Mariaca como su “amigo” y afirma que tenía la función de avisarle. También se incorporan las declaraciones atribuidas al narcotraficante, en las que asegura haber pagado 500.000 dólares para contar con protección desde altas esferas del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía.
La imputación además vincula a Mariaca con el fracaso del operativo desplegado en julio de 2023 para capturar a Marset. Según el documento, en ese entonces Mariaca era fiscal departamental y, por su relación de amistad con el uruguayo, habría advertido sobre el procedimiento, frustrando la intervención.
El caso no se limita a Mariaca. También aparecen mencionados el fiscal departamental Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el policía Rubén Aparicio. En el caso de Aparicio, la imputación señala que su apellido fue mencionado por Marset como parte del esquema de contacto con autoridades, y lo identifica como capitán de la Policía en Santa Cruz durante 2023, con un rol de protección a la organización.
Respecto a Irusta, el documento afirma que Mariaca lo designó en un cargo de alta confianza pese a que antes había sido investigado por legitimación de ganancias ilícitas. La imputación añade que desde altas esferas de la Fiscalía se habría presionado para que ese proceso fuera desestimado. Asimismo, sostiene que Irusta fue sorprendido en flagrancia dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre, cuando presuntamente intentaba sustraer y extraer documentación y expedientes confidenciales, además de borrar rastros documentales antes de su inminente captura.
En cuanto a Zeballos, la imputación le atribuye un papel de protección y apoyo a la red criminal, facilitando el tráfico de sustancias por parte de Sebastián Marset.
Fuente: Erbol
