Con el respaldo de más de dos tercios de los asambleístas presentes, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la suspensión definitiva de Roger Mariaca como fiscal general del Estado. La decisión fue adoptada en sesión legislativa, luego de la modificación a la Ley del Ministerio Público, que habilita este procedimiento bajo determinadas condiciones.
La votación concluyó con 113 respaldos, de un total de 128 legisladores presentes. En contraste, 11 parlamentarios rechazaron la resolución, tres se abstuvieron y se registró un voto en blanco. Con ese resultado, la Asamblea dio paso a la aplicación de la nueva norma promulgada este viernes por el presidente Rodrigo Paz, que establece la suspensión del fiscal general cuando exista imputación formal o una medida cautelar en su contra.
Durante el tratamiento de la resolución, varios legisladores del Partido Demócrata Cristiano expresaron su rechazo a la medida. Entre ellos estuvieron Diego Alejandro Copa, Juana Chauca, Edwin Valda y Helen Patiño. No obstante, otros integrantes de esa misma bancada votaron a favor de la suspensión. En la misma línea, dentro de Alianza Popular, Edwin Huiza se abstuvo y Mario Choque votó en contra. Por su parte, legisladores de las alianzas Libre y Unidad respaldaron la decisión.
Luego de la votación, la sesión ingresó en un cuarto intermedio para que los jefes de bancada se reúnan y definan los lineamientos para la elección del fiscal general interino, cargo que deberá cubrir el vacío dejado por la suspensión de Mariaca.
La norma aprobada incorpora de manera expresa la suspensión definitiva del fiscal general del Estado y establece que esta tendrá como efecto la interrupción inmediata y el cese de funciones. Además, señala que cuando el fiscal se encuentre imputado formalmente o sujeto a una medida cautelar por delitos graves, la Asamblea Legislativa podrá disponer su apartamiento definitivo con el voto de dos tercios de los asambleístas presentes.
El proyecto también dispone que, en la misma sesión en la que se apruebe la suspensión, la Asamblea deberá designar a un fiscal interino, quien ejercerá las funciones de fiscal general del Estado hasta que sea elegido un nuevo titular. Según el texto, esa autoridad interina tendrá como misión prioritaria desmantelar toda estructura criminal vinculada a la causa de suspensión definitiva y ejecutar las acciones necesarias para ese fin.
