El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, sostuvo este 8 de octubre que el incremento de los crímenes y los casos de sicariato registrados en el oriente del país responde a la desorganización de las estructuras criminales luego de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según explicó, Marset tenía bajo su control los canales de distribución de droga y armas en el territorio nacional, por lo que su caída dejó sin una cabeza visible a esa red y abrió paso a una disputa entre facciones que, de acuerdo con su versión, derivó en una violencia inédita en Bolivia.
Maldonado planteó que la situación actual refleja también una etapa de reconfiguración del Estado, en medio de una infiltración del narcotráfico que, afirmó, se extendió durante dos décadas en instituciones clave. En ese marco, se refirió a la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, a quien vinculó con Marset y describió como parte de una red de poder asociada a estas actividades. También mencionó el hallazgo de armas de asalto, munición y dinero oculto en vehículos y domicilios relacionados con el exfuncionario y otros fiscales investigados.
La autoridad aseguró además que la protección a las actividades del narcotráfico no se limita a un solo ámbito, sino que alcanza a jueces, policías, operadores financieros y parlamentarios de distintas bancadas, quienes —según dijo— habrían recibido financiamiento ilícito. En ese contexto, señaló que las investigaciones continúan para identificar y procesar a todos los involucrados en este entramado criminal transnacional.
Como parte de la respuesta estatal, Maldonado anunció que desde el próximo lunes se pondrá en marcha un curso de alto nivel con 120 tenientes y sargentos recién egresados. Estos efectivos serán organizados en brigadas especiales que permanecerán durante tres meses en la frontera con Brasil, con operaciones orientadas al combate del narcotráfico y el crimen organizado.
Consultado también sobre las movilizaciones sociales anunciadas para el 13 de octubre, el viceministro cuestionó su legitimidad y afirmó que responden a intereses políticos de desestabilización. Además, las vinculó con recursos detectados en protestas anteriores.
