Desde la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) solicitaron al nuevo fiscal general del Estado, José Armando Urioste, que se aceleren las investigaciones por los asesinatos ocurridos entre noviembre de 2025 y abril de 2026, casos que involucran a dos autoridades judiciales y que, según la organización, siguen sin resultados concluyentes.
El pedido fue planteado en relación con dos hechos que generaron preocupación en el ámbito judicial. El primero ocurrió la noche del viernes 7 de noviembre de 2025, en pleno centro de Cochabamba, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra el juez del Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, Edilberto Marcial Cruz. El ataque se produjo en inmediaciones de la plazuela Virrey Toledo.
Imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales mostraron el momento en que la víctima fue interceptada por los agresores. En el video se observa que el juez conducía su vehículo y se detuvo por unos segundos al llegar a una intersección, instante que fue aprovechado por los atacantes para abrir fuego. Luego de la agresión, los dos sujetos regresan brevemente y, desde la otra ventanilla, aparentemente verifican que el juez había fallecido antes de huir del lugar.
El segundo caso corresponde al magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, quien fue victimado por sicarios, de acuerdo con el reporte de autoridades policiales. El hecho se registró cerca de la medianoche del jueves 30 de abril de 2026, cuando el magistrado circulaba en su vehículo por la avenida Busch y el barrio Costanera, cerca del cuarto anillo, acompañado de una mujer. En ese punto fue interceptado por sujetos en motocicleta que le dispararon y le causaron la muerte antes de escapar.
Ante estos antecedentes, Amabol pidió a Urioste dar celeridad a las pesquisas y avanzar en el esclarecimiento de ambos hechos. En un contacto con la autoridad nacional, desde la asociación señalaron que ya habían realizado una solicitud similar al exfiscal Mariaca y remarcaron que se trata de dos casos “muy lamentables”, uno vinculado al asesinato de una alta autoridad del Estado y otro al de un juez técnico de Cochabamba, que, según expresaron, estaría relacionado con un caso de sicariato y posible crimen organizado.
