El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que ya fue aprobado el decreto supremo que pone en funcionamiento la Ley 1680 y establece medidas de atención integral y protección social para las hijas e hijos que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidio y otros delitos contra la vida.
Según explicó, la norma define el mecanismo de acceso a los beneficios para los menores afectados por este tipo de hechos. “En esa dirección el decreto hace operativa la Ley 1680 y establece cómo se va a acceder a los beneficios establecidos ahí por los hijos e hijas que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidio en específico y otros delitos contra la vida”, señaló Gálvez.
Entre las disposiciones contempladas figura un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente para los beneficiarios. En el caso de menores de cinco años, además, se establece un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
La norma también prevé acceso al servicio de salud, inscripción inmediata al sistema educativo, traspaso escolar en caso de cambio de domicilio y prioridad para la consideración de becas en universidades e institutos privados. Asimismo, contempla el registro y la habilitación de los beneficiarios mediante el sistema correspondiente.
Gálvez remarcó la vulnerabilidad de esta población y sostuvo que la protección de estos menores debe asumirse como una política de Estado. “Los más débiles entre los más débiles son aquellos que quedan huérfanos a partir del ejercicio de esta violencia”, afirmó.
El vocero presidencial añadió que la reparación a las víctimas no concluye con una sentencia judicial. “Si bien no se puede devolver la vida, la reparación no termina con una sentencia en nuestra visión, también significa proteger a los hijos de las víctimas”, manifestó.
Consultado sobre los recursos destinados a estos beneficios y la fecha de inicio de los pagos, Gálvez indicó que el decreto establece los porcentajes correspondientes y que las fuentes de financiamiento ya están definidas. “Honestamente, no lo tengo en este momento, pero el decreto supremo va a establecer los límites. Y las fuentes de financiamiento están clarísimas, para poder atender esta necesidad”, sostuvo.
