Una nueva denuncia involucra al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, por presuntas irregularidades en el secuestro de una vagoneta de lujo que, según la familia propietaria, fue trasladada a Sucre para su supuesto uso personal.
La versión fue expuesta por los allegados del vehículo, quienes afirmaron haber sido víctimas de extorsiones por parte de policías y de una fiscal de la Dirección Especializada de Lucha Contra el Crimen (Delcc). Su abogado llegó a describir el hecho como un posible “robo institucionalizado”.
Luiggi Salaues, hijo de la propietaria, manifestó su molestia tras conocer que la vagoneta de su madre apareció durante un allanamiento vinculado a Mariaca. Señaló que el motorizado fue adquirido de manera legal en una autoventa y que su familia no tenía relación con las personas investigadas en ese caso.
“Estamos aquí como familia súper apenado al ver las noticias del día de ayer, ver el vehículo que mi mamá compró en una autoventa legalmente. Ha sido encontrado en la Fiscalía o en el allanamiento que le han hecho al exfiscal”, declaró.
De acuerdo con su relato, el vehículo fue retenido cuando su madre se encontraba en un supermercado junto a su hija de dos años. Dijo que en ese momento policías se acercaron para informarle que la vagoneta estaba bajo investigación y luego la trasladaron a dependencias policiales, donde permaneció cerca de dos horas.
“Mi mamá estaba con mi hermanita de dos años en el súper y les tocan la puerta a los policías y le dicen, este vehículo está siendo investigado. Entonces llevan a mi mamá, a la Policía, a la Felcc, nos tienen dos horas ahí y ven una manera. Se inventaron ese rato por qué quitarnos el vehículo”, sostuvo Salaues.
El denunciante afirmó que los funcionarios justificaron la retención argumentando que la placa del motorizado figuraba en un papel hallado durante un allanamiento. Sin embargo, insistió en que su familia no conocía a las personas relacionadas con ese operativo y cuestionó que esa anotación sirviera como base para mantener secuestrado el vehículo.
La denuncia también incorpora presuntas exigencias de dinero. Salaues aseguró que su familia recibió mensajes que, según dijo, condicionaban la posibilidad de no ser investigada al pago de determinadas sumas.
“A mi madre, a mi familia nos tenían extorsionados, incluso si no da, no se preocupe, que, si usted da, no va a ser investigado. Nosotros no tenemos de qué ser investigado, mi mamá es una doctora, es médica, reconocida con más de 20 años de trayectoria”, afirmó.
El abogado de la familia, Martín Camacho, cuestionó el procedimiento y pidió que se determine quiénes participaron en la retención del motorizado y bajo qué fundamentos legales se ejecutó la medida.
“Aquí hay una irregularidad terrible que debe ser investigada. Eso es un robo institucionalizado. Al parecer, veían un vehículo que les interesaba, no sabemos si los policías o el Ministerio Público, y decidían en cualquier proceso inmiscuirlo para proceder al secuestro”, señaló.
Camacho anunció además que la familia presentará una denuncia y una queja ante el fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, con el objetivo de que se investigue este caso y otros hechos que, según anticipó, podrían salir a la luz.
“Nosotros estamos presentando justamente una denuncia, una queja, primero al fiscal general, al doctor José Armando Urioste Viera, para que investigue este y otros hechos que seguramente van a ir apareciendo”, indicó.
El jurista también exigió identificar a los policías que intervinieron en el secuestro del vehículo, establecer a qué grupo pertenecían y determinar quiénes habrían pedido dinero a la familia.
“Quiénes son los policías, de qué grupo pertenecen, que han participado en este ilegal secuestro, y además quiénes eran los que estaban extorsionando permanentemente y exigían distintas sumas de dinero, que iban desde los 30 mil dólares hasta los 10 mil dólares a la familia de mi defendido”, concluyó.
