La dirigencia vecinal de Cercado llevará al Concejo Municipal de Tarija un proyecto de ley de transparencia y defensa de la canasta alimentaria, con el que pretende establecer controles regulares sobre el peso de los productos y la variación de precios en los mercados y centros de abasto de la ciudad. La iniciativa surge a partir de denuncias sobre presuntas irregularidades en el pesaje y el encarecimiento de alimentos de consumo cotidiano.
Rodrigo Castillo, dirigente vecinal, explicó que la propuesta responde a la preocupación creciente de las familias tarijeñas por el impacto del costo de vida. Como ejemplo, mencionó una denuncia pública sobre la venta de productos en un centro de abasto, donde, según lo reportado, una carga de 46 kilos presentaba un faltante aproximado de seis kilos o más. A su criterio, ese tipo de situaciones no solo perjudica a los compradores, sino que constituye una falta grave.
“Es una pena que, a pesar de que los productos nos estén vendiendo caro, nos estén dando faltante. Para nosotros, eso sería una estafa”, expresó Castillo, al pedir a las autoridades municipales que fortalezcan los mecanismos de fiscalización en los mercados.
Durante su exposición, el dirigente también se refirió a los precios que identificaron en una verificación de campo. Indicó que el kilo de puchero se comercializaba entre 34 y 35 bolivianos, mientras que el maple de huevos se ofrecía entre 30 y 40 bolivianos. A ello sumó las dificultades que, según dijo, enfrentan los vecinos para encontrar garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las tiendas de barrio.
Castillo señaló que en una reunión sostenida el viernes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recibieron información sobre un posible reabastecimiento de GLP durante esta semana. Además, advirtió sobre el efecto que podría tener en la economía de los hogares una eventual eliminación de la subvención al combustible doméstico.
Por su parte, Richard Hoz de Vila, representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Cercado, explicó que el proyecto apunta a instalar un sistema permanente de fiscalización, en lugar de operativos esporádicos que se activan solo después de recibir denuncias. Según detalló, la propuesta se apoya en la normativa municipal vigente y contempla revisiones periódicas del pesaje y seguimiento de los precios de los productos de la canasta familiar en los distintos centros de abasto.
“¿Qué determina esta ley? Que tiene que ser de manera regular, que haya controles en cada mercado, que es lo más importante”, sostuvo Hoz de Vila al defender la necesidad de institucionalizar estos operativos.
El representante vecinal indicó que, en la actualidad, los controles suelen realizarse de forma paulatina y únicamente cuando surgen denuncias por irregularidades en el peso o en la comercialización de los productos. Por ello, la propuesta busca definir responsabilidades para los funcionarios encargados de estas tareas y establecer sanciones en caso de incumplimiento.
En relación con los precios, señaló que, aunque el país funciona bajo una economía de libre mercado, considera necesario evaluar mecanismos que permitan transparentar las diferencias entre los centros de abasto y detectar posibles casos de especulación. “No solamente (debe haber) control en pesos, sino en precio; también existan sanciones”, afirmó, al remarcar que la aplicación de la normativa debería coordinarse y socializarse con los gremiales.
La propuesta vecinal plantea que la fiscalización municipal deje de depender exclusivamente de las denuncias ciudadanas y pase a convertirse en una tarea periódica, con responsabilidades claramente definidas. El proyecto deberá ahora seguir el procedimiento correspondiente en el Concejo Municipal para su análisis.
