El Tribunal Supremo Electoral reportó 39 renuncias de mujeres que ejercían funciones político-públicas y 12 denuncias por acoso y violencia política entre mayo y la primera semana de septiembre de 2026, en el periodo posterior a la posesión de las nuevas autoridades departamentales y municipales.
La información fue dada a conocer en el marco del Día de la Mujer Boliviana por la vicepresidenta del TSE, Ximena Camacho Goyzueta, quien advirtió que la presencia de mujeres en espacios de representación no basta si no existen condiciones reales para el ejercicio de sus funciones. “No podemos conformarnos con que las mujeres lleguen a los espacios de representación política; debemos garantizar que puedan ejercer sus funciones en condiciones de igualdad, con autonomía y libres de toda forma de acoso, hostigamiento y violencia”, afirmó.
De acuerdo con los datos recopilados por los nueve tribunales electorales departamentales, Santa Cruz concentró la mayor cantidad de renuncias, con 11 casos. Le siguieron Tarija, con siete; Cochabamba, con cinco; Beni y Pando, con tres cada uno; La Paz, con tres; Oruro, con cinco; y Potosí, con dos. Chuquisaca no registró renuncias en ese periodo.
En el caso de las denuncias por acoso y violencia política, La Paz encabezó el registro con seis casos. Santa Cruz reportó tres, mientras que Oruro, Potosí y Tarija contabilizaron uno en cada departamento. Cochabamba no presentó denuncias, al igual que Chuquisaca, Beni y Pando.
Camacho sostuvo que la paridad y la alternancia en las candidaturas no aseguran por sí mismas la permanencia de las mujeres en los cargos ni el pleno ejercicio de sus responsabilidades. En ese sentido, señaló que la igualdad también debe reflejarse en las condiciones en que participan y toman decisiones dentro de las instituciones públicas.
La autoridad electoral recordó que Bolivia cuenta con normas para prevenir y sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, aunque insistió en que todavía falta garantizar su aplicación efectiva. Entre los desafíos, mencionó el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, protección, atención y acceso a la justicia.
También planteó la necesidad de enfrentar las prácticas patriarcales dentro de las organizaciones políticas y de mejorar los sistemas de registro y seguimiento, con el fin de identificar situaciones de riesgo y facilitar la respuesta de las instituciones competentes.
Fuente: El Mundo/Erbol
