La eventual eliminación de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a partir del 31 de diciembre de 2026, según lo establecido en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha encendido la preocupación entre familias que cocinan con garrafas y entre pequeñas emprendedoras que dependen de este combustible para sostener sus negocios. Aunque todavía no se ha definido cuál será el precio que regirá desde enero de 2027, la incertidumbre ya golpea las previsiones de gasto de los hogares y las cuentas de quienes encontraron en la venta de comida una alternativa ante la falta de empleo.
En Tarija, dos de las tres amas de casa consultadas dijeron que consumen dos garrafas de 10 kilos al mes. Según relataron, cada una les alcanza para unos 15 días y la utilizan para preparar el almuerzo, el té de la tarde y, en ocasiones, para recalentar la cena. Frente a la posibilidad de un incremento, explicaron que procuran usar el gas solo para lo indispensable y buscar formas de reducir el consumo.
La inquietud también alcanza a las vendedoras de comida en carritos callejeros. Las consultadas señalaron que emplean una garrafa cada dos días, es decir, entre tres y cuatro por semana. Para ellas, un alza importante no solo implicaría mayores gastos, sino también el riesgo de tener que dejar de vender o buscar otra fuente de ingresos.
A esa preocupación se suma el testimonio de una emprendedora que prepara masas, galletas y queques por pedido, quien calculó que llega a usar hasta tres garrafas al mes cuando aumenta la demanda. Ella contó que, durante los recientes problemas de distribución, algunos negocios de su barrio llegaron a ofrecer garrafas entre Bs 80 y Bs 100, pese a que la distribuidora oficial Pimentel mantenía el precio de Bs 22,50. Se trata de una referencia puntual de su entorno y no de un valor general para Tarija.
El Decreto Supremo 5667 establece que la subvención al GLP se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero todavía no existe una definición oficial sobre el costo que tendrá después de esa fecha. Actualmente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) publica un precio de Bs 22,50 por garrafa de 10 kilos.
Fernando Romero, secretario de Economía de la Gobernación de Tarija y analista económico, explicó que la norma contempla una subvención de Bs 0,84 por kilo para el GLP de plantas y de Bs 0,70 para el de refinerías. Bajo ese esquema, si esos montos se trasladaran directamente al consumidor, una garrafa de aproximadamente 10 kilos podría costar entre Bs 29,50 y Bs 30,90.
Romero aclaró que ese cálculo es solo preliminar y no representa una proyección oficial ni garantiza el precio final. Indicó que el valor dependerá de la composición del suministro y de cómo se estructure la cadena de precios una vez concluida la subvención, además de factores como la producción nacional, las importaciones y los costos de transporte y distribución.
El analista también señaló que una garrafa por encima de Bs 50 es un escenario posible, aunque insistió en que no se trata de un precio oficial confirmado. Añadió que algunos especialistas energéticos manejan estimaciones de entre Bs 130 y Bs 140, calculadas en función del precio internacional, el tipo de cambio y los costos de importación. En cualquier caso, remarcó que son proyecciones técnicas y no cifras anunciadas por el Gobierno.
El efecto sobre la economía familiar dependerá del precio final y del nivel de consumo. De acuerdo con el cálculo de Romero, si la garrafa superara los Bs 50, una familia que usa dos al mes pasaría de gastar Bs 45 a más de Bs 100, lo que significaría al menos Bs 55 adicionales cada mes. Ese monto podría terminar recortándose de la compra de alimentos, el transporte, la salud o la educación.
En el caso de los pequeños negocios, el impacto también estaría marcado por el consumo. Una vendedora que usa entre tres y cuatro garrafas por semana tendría que destinar más dinero al combustible. Si sus ingresos no aumentan, tendría que asumir el alza, reducir sus ganancias o subir los precios de lo que vende. Romero advirtió que ese encarecimiento podría trasladarse a los alimentos y afectar el poder adquisitivo de la población,
