Padres de familia de Oruro plantearon la necesidad de modificar la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez ante la persistencia de varias deficiencias en el sistema educativo, entre ellas la falta de ítems docentes, los cobros que deben asumir las familias para cubrir maestros y las limitaciones en la formación técnica. Desde ese sector consideran que la revisión de la normativa debe hacerse con participación directa de maestros y padres de familia, con el objetivo de responder a las necesidades actuales de los estudiantes.
La demanda fue expresada por Pablo Rodríguez, presidente de la Junta Distrital de Padres y Madres de Familia, quien sostuvo que la ley debe adecuarse a la realidad de las unidades educativas y evitar que las familias continúen cubriendo gastos que corresponden al Estado. Según explicó, en varios establecimientos se trabaja durante ocho o nueve años sin contar con todo el personal docente y administrativo requerido.
Rodríguez señaló que, mientras persiste esa carencia, materias como educación física, música y áreas técnicas quedan sin profesores por falta de ítems. Esa situación, afirmó, obliga a los padres a contratar maestros con recursos propios, pese a que existen disposiciones que prohíben esos cobros.
A las dificultades de personal se suman, de acuerdo con su versión, la falta de laboratorios, programas y docentes en unidades educativas que ofrecen el bachillerato técnico humanístico. Para los padres, esas condiciones reducen las posibilidades de aprendizaje y afectan la formación de los estudiantes. Como antecedente, recordó que al inicio de la gestión se anunció la asignación de 4.000 ítems para todo el país, aunque a Oruro no llegaron ni 100, por lo que el déficit continúa.
El dirigente también cuestionó que las familias terminen asumiendo responsabilidades que no les corresponden y advirtió que las autoridades educativas departamentales y distritales no pueden resolver estas falencias mientras no haya respuestas desde el nivel central. En ese marco, insistió en que la revisión de la Ley 070 debe incluir a los actores directamente vinculados con el sistema educativo.
Rodríguez indicó además que, aunque se instalaron mesas de trabajo para analizar posibles cambios, hasta ahora no se conocen públicamente sus conclusiones. A su juicio, esa falta de resultados refleja que todavía no hay soluciones concretas para los problemas que atraviesan las unidades educativas.
Finalmente, afirmó que casi un año después del cambio de Gobierno no se observan mejoras sustanciales en la educación de Oruro. Mencionó que siguen pendientes los problemas de mobiliario, equipamiento, falta de aulas e infraestructura, aspectos que, según dijo, requieren voluntad política y decisiones concretas más allá de una eventual reforma legal.
