Socios, directivos y trabajadores de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña S.A. (Emcoisa) anunciaron este martes 13 de octubre que asumirán acciones legales contra quienes desarrollan minería ilegal en La Joya, en medio de un conflicto en el que también surgieron cuestionamientos contra la compañía por presuntos malos manejos.
La defensa de la empresa fue encabezada por el presidente del directorio, Cristóbal Huacota Molina, junto al secretario general del sindicato de trabajadores mineros y otros miembros de la organización, quienes sostuvieron que las denuncias en contra de Emcoisa no tienen respaldo probatorio y terminan afectando las fuentes de empleo. Según afirmaron, la empresa se encuentra legalmente establecida y sus operaciones se desarrollan dentro del marco correspondiente.
Huacota Molina pidió además a los parlamentarios verificar la situación de las actividades mineras en la zona y sostuvo que las acusaciones surgieron después de que la empresa anunciara acciones contra la minería ilegal. En esa línea, la dirigencia remarcó el impacto económico de Emcoisa, al señalar que genera más de 200 empleos directos y 1.000 indirectos, además de aportar alrededor de 10 millones de bolivianos anuales por regalías mineras al departamento, sin considerar sus obligaciones tributarias.
La empresa también respondió a las declaraciones de uno de los representantes de la Asociación Aurífera de Emprendedores, a quien cuestionó por hablar de presuntos malos manejos. Emcoisa aseguró que tiene toda su documentación en orden y que puede ser verificada por cualquier autoridad que realice las comprobaciones correspondientes.
Mientras se desarrollaba el detalle informativo ofrecido por los representantes de la empresa en la Cámara de Comercio de Oruro, un grupo de emprendedores que extrae mineral en La Joya se concentró afuera del lugar para expresar su posición. Los movilizados pidieron al gobernador Edgar Sánchez una intervención equilibrada en el conflicto, especialmente tras un reciente control realizado en esa zona.
Una de las manifestantes señaló que algunos trabajadores extraen mineral con recursos propios y luego entregan las cargas a la empresa, pero cuestionó las condiciones de recepción y liquidación del material. También afirmó que los emprendedores pagan regalías mediante descuentos aplicados por Emcoisa y solicitó revisar boletas y registros para establecer quiénes cumplen efectivamente con esas obligaciones.
Otra de las personas movilizadas indicó que entre quienes protestan hay pobladores y personas que lograron reconocimiento como accionistas mediante procesos judiciales. Los manifestantes rechazaron ser calificados como ilegales sin una verificación previa y demandaron que las autoridades determinen qué operaciones cuentan con autorización y cuáles no cumplen la normativa.
Además, cuestionaron las recientes inspecciones en la zona y pidieron que el gobernador reúna a las partes para buscar una solución a un conflicto que, según señalaron, se arrastra desde hace entre diez y once años.