El gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5749, una norma que establece el marco para recibir, atender y canalizar denuncias administrativas vinculadas con presuntos hechos de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o dádivas patrimoniales.
La disposición alcanza a servidores públicos y exfuncionarios del Ministerio Público, del Órgano Judicial, de Derechos Reales, del Tribunal Constitucional Plurinacional y de la Policía Boliviana, siempre que las conductas denunciadas se hayan producido durante actuaciones judiciales o administrativas. Según el texto del decreto, se consideran denunciables las exigencias, solicitudes, cobros o recepciones indebidas de dinero, dádivas, beneficios patrimoniales, favores, promesas o ventajas, ya sea para sí mismos o para terceros, con el fin de admitir, sustanciar, paralizar, dilatar, acelerar, emitir, omitir o desviar actuaciones judiciales o administrativas.
La norma asigna al Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, la tarea de recibir, registrar, procesar y canalizar este tipo de denuncias. Al mismo tiempo, aclara que la recepción de estas denuncias no implicará revisión de la actividad jurisdiccional o administrativa, tampoco suspenderá plazos ni interferirá en el ejercicio de funciones de otras entidades.
Las denuncias podrán presentarse por escrito en la oficina central o en los enlaces departamentales del Viceministerio. Además, el decreto incorpora una previsión específica sobre la reserva de identidad. En su artículo 5, dispone que, en resguardo de la seguridad y protección de quienes formulen denuncias administrativas, podrá aplicarse la reserva de identidad, ya sea a solicitud expresa del denunciante o de oficio.
Esa reserva se mantendrá durante todo el trámite administrativo y, si el caso es derivado a instancias penales, el Viceministerio deberá pedir a la autoridad competente que se conserve dicha protección y que se apliquen las medidas previstas en la normativa vigente para denunciantes y testigos.
El Decreto Supremo 5749 fue emitido días después de la detención del ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien permanece encarcelado por una investigación que lo vincula con el presunto liderazgo de una organización criminal dedicada a proteger a narcotraficantes y a otros antisociales. Esa detención, además, derivó en el hallazgo de millonarias sumas de dinero en efectivo y de bienes.
