La Gobernación de Tarija impulsa la terminación del convenio que permite a ENDE Guaracachi operar el componente hidroeléctrico de la represa de San Jacinto, al considerar que los términos pactados en 2015 resultan desfavorables para el departamento. La gobernadora María René Soruco se pronunció en ese sentido y abrió la posibilidad de encarar una salida negociada con la empresa estatal.
El acuerdo fue suscrito el 21 de agosto de 2015 y tiene una vigencia de 30 años. Según los antecedentes públicos del contrato, la distribución de las utilidades por la generación eléctrica establece que el 92% corresponde a ENDE Guaracachi y el 8% al Gobierno departamental. Para la Gobernación, ese reparto no refleja de manera adecuada los intereses de Tarija sobre una infraestructura que forma parte de un proyecto múltiple con impacto también en el sector agrícola.
En ese marco, la administración departamental solicitó información sobre las condiciones del convenio y plantea abrir una reunión bilateral con la empresa estatal para buscar una terminación de mutuo acuerdo. Por ahora, se trata únicamente de una gestión de negociación, sin que se haya informado una rescisión del contrato ni un acuerdo definitivo con ENDE.
La discusión, sin embargo, no se limita a la distribución de los ingresos. La Gobernación también observa las condiciones de operación de la central hidroeléctrica, debido a que el uso del agua del embalse para generar electricidad debe compatibilizarse con las necesidades de riego de los productores del valle central.
San Jacinto fue concebido como un proyecto múltiple, con funciones de generación eléctrica, riego y otros usos vinculados al desarrollo regional. El embalse abastece a familias productoras de Cercado y Uriondo, por lo que la administración del nivel de agua es un factor clave para la actividad agrícola.
Ya en septiembre de 2023, la propia Gobernación informó que había acordado con ENDE Guaracachi elevar el nivel mínimo de operación para generación eléctrica, con el objetivo de asegurar la dotación para los regantes. En esa ocasión, el entonces gobernador Óscar Montes sostuvo que el riego debía priorizarse y que la generación eléctrica tenía que ajustarse a la disponibilidad hídrica.
Ese antecedente muestra que las tensiones entre la producción de energía y el abastecimiento para riego vienen de antes. Ahora, la administración de Soruco busca que una revisión del contrato permita replantear tanto el uso del agua de la represa como la distribución de los beneficios derivados de la electricidad.
