El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sostuvo este sábado que la violencia que terminó empañando parte de las protestas sociales responde a una maniobra política y no a un estallido espontáneo. En una comparecencia ante los medios poco antes de la medianoche, durante una salida para expresar su respaldo a las fuerzas del orden, anunció además que en una sola jornada ya había 1.200 detenidos, en un contexto en el que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.
Lecornu explicó que su ministro de Justicia, Gerald Darmanin, había dado instrucciones a los fiscales para solicitar prisión provisional para los arrestados. Según dijo, esa decisión se justifica por tratarse de personas con “perfiles particularmente violentos y peligrosos”. El primer ministro insistió en que no puede permitirse que “una minoría destroce y que sean siempre los mismos los que pagan”, en alusión a los daños provocados durante las protestas.
El jefe del Gobierno francés subrayó que en París se intentó atacar “los centros de poder”, entre ellos el palacio del Elíseo, Matignon —residencia oficial del primer ministro— y la Asamblea Nacional. A partir de ello concluyó que “es claramente una maniobra política que acepta la violencia”, aunque remarcó que el Ejecutivo no se dejará intimidar.
La tensión política se trasladó también a los ayuntamientos de las principales ciudades afectadas. Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, tres de los núcleos más castigados por los destrozos y los saqueos, pidieron una reunión con Lecornu a comienzos de la próxima semana, alegando la magnitud de los daños y la gravedad de la situación vivida el sábado. En un comunicado conjunto, el socialista Emmanuel Grégoire, el independiente de izquierdas Benoît Payan y el ecologista Grégory Doucet reclamaron “un diagnóstico preciso” que explique la secuencia de hechos que desembocó en la violencia y advirtieron de que algo así “no puede ni debe volver a ocurrir”. Los tres señalaron además que su iniciativa incluye a todos los alcaldes de los municipios afectados.
Las protestas se extendieron por todo el país con una amplia batería de reivindicaciones y bajo la convocatoria de un mosaico de colectivos, entre ellos estudiantes, miembros de los llamados ‘chalecos amarillos’ y trabajadores de servicios públicos. La participación fue muy elevada: el Gobierno habló de 550.000 asistentes, mientras que los organizadores elevaron la cifra a más de 800.000. Solo en París, según el Ministerio del Interior, se concentraron 110.000 personas, un volumen que superó con claridad las previsiones del Ejecutivo, que en la víspera había calculado un máximo de 150.000 manifestantes en todo el país.
Junto a esa afluencia masiva, otra de las sorpresas de la jornada fue la intensidad y la extensión de los episodios violentos en numerosas ciudades. Hubo ataques a edificios públicos y saqueos en cientos de comercios, en una noche marcada por la destrucción del histórico edificio del Ayuntamiento de Limoges, uno de los episodios más llamativos de la jornada.
