La escasez de agua en Uriondo ya está golpeando de manera directa a la producción agrícola y amenaza con repercutir en los precios de los alimentos en los próximos meses. Así lo advirtió este miércoles Eyder Quiroga, dirigente campesino de ese municipio, quien expuso la situación crítica que atraviesa el sector por la falta de acceso al recurso hídrico y pidió que se dé prioridad al agua del Lago San Jacinto para asegurar el riego de los cultivos.
Quiroga, también ex asambleísta departamental, explicó que los productores enfrentan serias limitaciones porque únicamente cuentan con aguas turbinadas que operan durante dos horas al día y que no alcanzan para cubrir la demanda de todos los terrenos agrícolas. Según indicó, la situación es especialmente grave en zonas como Pampa Colorada, Cenavit y Calamuchita, donde los sistemas de riego están prácticamente secos.
“Se está atravesando momentos difíciles, no hay agua para riego, especialmente en el sistema Pampa Colorada, Cenavit, Calamuchita, está seco (…) Sólo se utilizan aguas turbinadas que funcionan por dos horas, alrededor de 16.000 litros por segundo, pero solo se están captando 2.000 porque no hay las condiciones”, declaró a los medios.
Ante ese panorama, el dirigente planteó que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija priorice el uso del agua del lago San Jacinto para el riego de los cultivos antes que para la generación de energía eléctrica. A su criterio, destinar el recurso a la producción de electricidad representa un “desperdicio”, considerando la urgencia que atraviesa el campo.
El reclamo no es nuevo. En los últimos meses, otros representantes del sector productivo también se pronunciaron en la misma línea y alertaron que la falta de agua ya obligó a reducir la producción agrícola. Advirtieron además que esa disminución podría traducirse en un aumento de precios en los próximos meses, como consecuencia de la menor oferta de productos.
En paralelo a estas demandas, la Gobernación de Tarija continúa revisando el contrato que permite a ENDE Guaracachi operar el componente hidroeléctrico de la represa de San Jacinto. La administración departamental considera que las condiciones pactadas en 2015 son desfavorables para el departamento y busca cerrar ese acuerdo, incluso mediante una terminación de mutuo acuerdo con la empresa estatal.
El convenio fue firmado el 21 de agosto de 2015 por un plazo de 30 años y establece que el 92% de las utilidades generadas por la electricidad corresponde a ENDE Guaracachi, mientras que el 8% queda para la Gobernación. Para la actual administración, esa distribución no responde a los intereses de Tarija, tomando en cuenta que San Jacinto fue concebido como un proyecto múltiple, con impacto no solo energético sino también agrícola.
La discusión también gira en torno al uso del agua almacenada en la represa, que debe conciliar la generación eléctrica con las necesidades de riego de los productores del valle central. En septiembre de 2023, la Gobernación informó que había alcanzado un acuerdo con la empresa para elevar el nivel mínimo de operación del embalse y así garantizar la dotación de agua a los regantes.
En ese momento, el entonces gobernador Óscar Montes sostuvo que el riego debía tener prioridad y que la generación eléctrica tenía que ajustarse a la disponibilidad hídrica. Esa postura vuelve a cobrar fuerza ahora, en medio de la preocupación de los campesinos por la falta de agua y sus efectos sobre la producción agrícola.
