El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una ley que establece pasajes aéreos “solidarios” para pacientes en situación crítica, terminal o con cáncer, con el objetivo de facilitar su traslado a menor costo desde sus regiones hacia centros donde puedan recibir atención médica especializada y oportuna.
La norma fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial y dispone garantizar el acceso a pasajes solidarios, nacionales o internacionales, en aerolíneas públicas o privadas para personas con cáncer, pacientes críticos y enfermos terminales que requieran tratamiento médico en una ciudad distinta a la de su residencia.
De acuerdo con el texto legal, los beneficiarios no deberán pagar el valor del boleto, aunque sí tendrán que asumir los tributos adicionales que no forman parte del precio del pasaje, entre ellos el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y otros impuestos.
La ley también contempla el derecho a un acompañante por paciente, y a dos cuando la persona enferma sea menor de edad. Según explicó la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado en un comunicado, tanto los beneficiarios directos como los indirectos deberán estar debidamente certificados por la autoridad sanitaria más cercana.
En cuanto a las aerolíneas, la norma establece que deberán reservar los espacios necesarios conforme a las necesidades de los pacientes y sus acompañantes. Además, para compensar el impacto económico de esta medida, el Estado aplicará un mecanismo de compensación por el que las líneas aéreas podrán deducir como gasto, para fines del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el costo de los pasajes solidarios.
La ley también busca agilizar el trámite y evitar demoras administrativas. Para ello, señala que no se exigirá ninguna formalidad adicional en la presentación de documentos para constatar su validez y prohíbe a las aerolíneas dilatar el proceso, obligándolas a programar los vuelos a la brevedad posible.
El texto incorpora sanciones tanto para las empresas aéreas que impidan el cumplimiento de estos beneficios como para los pacientes o familiares que falsifiquen documentos, entre ellos certificados de salud.
El proyecto fue impulsado originalmente en la anterior gestión legislativa por la entonces diputada Janira Román, de Comunidad Ciudadana (CC), la extinta alianza del expresidente Carlos Mesa. El actual Parlamento retomó después su tratamiento hasta su aprobación final.
