La estabilidad económica, la recuperación del poder adquisitivo y la creación de condiciones favorables para la producción y el empleo aparecen como elementos centrales para resguardar a las familias más vulnerables frente al alza de precios. Así lo plantearon el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, y el economista Carlos Aranda, investigador del Centro de Estudios Pópuli, durante un análisis sobre la situación económica de Bolivia.
Ambos participaron en el programa “Detrás de los Números”, difundido por la red ERBOL e impulsado por la Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social, donde expusieron los principales desafíos que enfrenta la economía del país y sus efectos sobre la vida cotidiana de la población.
Aranda sostuvo que la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) no es un dato aislado, sino un indicador que incide directamente en la capacidad de producción, en la oferta de servicios y en los ingresos que las familias destinan a necesidades básicas como alimentación, salud y educación. En ese marco, afirmó que la capacidad de producir bienes también determina la posibilidad de ofrecer servicios y mejorar el bienestar de los hogares.
El economista advirtió que el estancamiento económico, sumado a la inflación registrada en los últimos años, deterioró las condiciones de vida de la población. Según señaló, alrededor de un millón de personas habrían ingresado a la pobreza durante el periodo analizado.
Frente a ese escenario, consideró que la recuperación económica exige medidas orientadas a restablecer la estabilidad, reactivar la producción y generar empleo, con especial atención a los sectores de menores ingresos, que cuentan con menos margen para enfrentar el encarecimiento de bienes y servicios.
Aranda también identificó varios factores que dificultan ese proceso, entre ellos la incertidumbre cambiaria, el aumento de costos y la menor disponibilidad de insumos y bienes de capital importados, además de la conflictividad social. A su criterio, estas condiciones afectan las decisiones de inversión y producción, mientras que la pérdida del poder adquisitivo reduce el consumo y termina frenando el movimiento comercial.
Núñez, por su parte, remarcó que las decisiones económicas deben considerar no solo los indicadores macroeconómicos, sino también las necesidades diarias de las familias. En esa línea, planteó la necesidad de impulsar políticas públicas que dinamicen la economía y generen certidumbre, de modo que se fortalezca la circulación de recursos a través del consumo, la inversión y la producción.
Durante el programa también se abordaron las medidas monetarias aplicadas para contener la inflación. Aranda explicó que las políticas restrictivas pueden ayudar a moderar las presiones sobre los precios, aunque al mismo tiempo pueden limitar el acceso al crédito y reducir el dinamismo de la actividad económica.
En conjunto, los analistas coincidieron en que el reto pasa por avanzar hacia una recuperación sostenible, capaz de combinar estabilidad de precios con mejores condiciones para la producción, el empleo y la protección de los ingresos de la población.
