El incremento de los costos de materiales y combustibles, sumado a la falta de presupuesto disponible, está poniendo en riesgo la continuidad de obras públicas y la estabilidad laboral en el sector de la construcción en Tarija. Así lo advirtió el presidente departamental de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Eduardo Miranda, quien explicó que el encarecimiento de insumos esenciales, entre ellos el diésel, elevó entre un 25% y un 30% el costo de ejecución de los proyectos.
Miranda señaló que, aunque existen decretos gubernamentales que contemplan la actualización de costos, su aplicación encuentra obstáculos en las instancias públicas nacionales, departamentales y municipales. El principal problema, dijo, es que no existen recursos adicionales para cubrir la diferencia, debido a que los presupuestos institucionales ya fueron comprometidos en otros programas.
El impacto de esta situación se refleja con claridad en los proyectos de infraestructura. Según el dirigente, un módulo educativo que fue presupuestado inicialmente en un millón de bolivianos requiere ahora entre 250.000 y 300.000 bolivianos adicionales para compensar el aumento de precios. Esa brecha financiera complica la ejecución normal de las obras y pone a las entidades responsables frente a decisiones difíciles.
Entre las alternativas que se presentan está reducir el alcance de los proyectos, lo que podría derivar en infraestructuras entregadas de manera incompleta, sin ambientes complementarios previstos en el diseño original, como canchas deportivas o aulas adicionales. La otra opción es resolver los contratos y paralizar los trabajos hasta conseguir nuevos recursos, aunque sin certeza de que ese financiamiento llegue en el corto plazo.
La incertidumbre no solo afecta a las obras, sino también al empleo. Miranda advirtió que las empresas constructoras se ven obligadas a suspender actividades y a dejar temporalmente sin trabajo a ingenieros y obreros, quienes deben esperar a que se resuelvan los problemas presupuestarios y contractuales para retomar sus labores.
Desde el sector se teme que esta situación agrave la crisis laboral en la construcción y, al mismo tiempo, retrase la ejecución de proyectos de infraestructura pública que ya enfrentan dificultades para avanzar. A ello se suma la complejidad de los procedimientos administrativos necesarios para concretar los ajustes de costos, cuyos plazos, de acuerdo con la normativa, pueden extenderse hasta fin de año y prolongar la incertidumbre para empresas y trabajadores.
Ante este escenario, el sector demanda respuestas oportunas y soluciones presupuestarias que permitan actualizar los costos, evitar la paralización de obras y proteger las fuentes de empleo. La preocupación central es que, sin recursos adicionales y decisiones a tiempo, los proyectos queden inconclusos mientras las constructoras y sus trabajadores continúan absorbiendo el impacto del alza de precios.
