Indígenas amazónicos y autoridades locales de San Buenaventura, municipio considerado una de las principales puertas de ingreso al parque Madidi, solicitaron este jueves al Gobierno boliviano que restrinja la actividad minera en ese territorio debido a los efectos ambientales que atribuyen a esa actividad.
La petición fue presentada ante la estatal Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (Cipta), Jorge Canamari; el alcalde de San Buenaventura, Antonio Felipe Mamani, y el presidente del Concejo Municipal, Roberto Cartagena. Después de reunirse con el director de la entidad, Jaime Sanabria, Canamari explicó a los medios que se pidió “que se restrinja de manera inmediata y permanente” la minería en el municipio.
El dirigente advirtió que los impactos de esa actividad podrían ser graves por la remoción de suelos, la modificación de cauces y la deforestación. Según dijo, existe información sobre “más de 20 trámites mineros” en curso para operar en San Buenaventura, ubicado en el norte del departamento de La Paz, por lo que también solicitaron que se suspendan de inmediato esos procesos.
Canamari sostuvo que la prioridad es garantizar la permanencia de las naciones indígenas que habitan la zona, entre ellas los tacanas, esse ejja y mosetenes, cuyos medios de vida dependen de la recolección, la caza y la pesca. También lamentó el incremento de sedimentos asociado, según afirmó, a la contaminación generada por la minería ilegal en los últimos años.
Aunque señaló que por ahora no hay operaciones mineras en San Buenaventura, advirtió que los efectos ya llegan al municipio a través de los ríos que cruzan su territorio y que nacen en áreas donde sí se realizan actividades mineras. En ese contexto, remarcó que la protección del hábitat natural es, a su juicio, la única forma de asegurar la continuidad de esas comunidades y su relación con la Madre Tierra.
La preocupación por la expansión de la minería aurífera en la Amazonía boliviana se ha intensificado en los últimos años, especialmente en Pando, Beni y el norte de La Paz, en medio de denuncias sobre actividades ilegales que habrían ingresado incluso a reservas naturales como el parque Madidi. Entre los efectos señalados están la contaminación del agua que consume la población indígena y los desbordamientos de ríos e inundaciones en localidades cercanas durante la temporada de lluvias.
Por su parte, el alcalde Mamani informó que entregaron a la AJAM una ley municipal que declara a San Buenaventura como territorio “libre de actividad y contaminación minera”, con el objetivo de preservar su vocación turística, la biodiversidad y un desarrollo productivo sostenible. Recordó además que el municipio “es una puerta principal de ingreso hacia el Parque Nacional Madidi” y reiteró el pedido de que no se otorguen derechos mineros en la zona.
Desde la AJAM, Sanabria indicó que la solicitud presentada por los indígenas y las autoridades municipales seguirá un procedimiento técnico administrativo para ser compatibilizada con el ordenamiento jurídico minero vigente.
San Buenaventura tiene más de 10.000 habitantes, entre ellos comunidades tacana, uchupiamona y esse ejja. El municipio abarca una superficie de 374.800 hectáreas, de las cuales un tercio se superpone con el parque Madidi.
