Estados Unidos incorporó a una nueva nómina de ciudadanos bolivianos con visas restringidas, una medida que alcanza a autoridades y exautoridades de distintos órganos del Estado, en particular de instituciones vinculadas con la seguridad y la investigación de delitos. En total, la lista incluye a 15 personas señaladas por la administración de Donald Trump, en un comunicado en el que se advierte que las restricciones se aplican a “ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio”.
Entre los nombres difundidos figuran los diputados Rafael López, de Alianza Libre, y Rolando Pacheco, de Alianza Popular. También aparece Aldo Quezada, ahora expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien renunció al cargo tras conocerse la nómina, además del juez Julio Nelson Alba. La relación incluye asimismo a exfiscales, entre ellos Julio Porras, y a exdirectores de entidades estatales, como Diego Barboza, extitular de la Unidad de Investigaciones Financieras (IUF). A la lista se suman exjefes policiales y un civil investigado por presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La publicación también llama la atención por la presencia de cinco nombres ligados al Órgano Ejecutivo. Frente a ello, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz no brindará protección ni blindaje a ninguna de las personas mencionadas. Según explicó, hay casos en los que las investigaciones comenzaron meses antes de que se difundiera la nueva lista, y sostuvo que quienes ocuparon cargos durante la actual gestión y fueron incluidos en la nómina ya fueron cesados, algunos semanas atrás y otros hace pocos días.
Gálvez remarcó además que, si existen elementos que sustenten procesos judiciales, las autoridades y exautoridades deberán responder ante la justicia. Al mismo tiempo, subrayó que la inclusión en la lista estadounidense no equivale a una condena y que cualquier procedimiento debe desarrollarse conforme a la legislación boliviana.
