El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, afirmó que existen “muchas coincidencias” entre las investigaciones que desarrolla el Gobierno boliviano y las decisiones adoptadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que el jueves difundió una segunda nómina en la que figuran dos exfuncionarios. Según sostuvo, las pesquisas impulsadas en Bolivia ya habían identificado a personas vinculadas con presuntos ilícitos y derivaron en la separación de funcionarios antes de la publicación de esa lista.
En entrevista con UNITEL, Gálvez señaló que Estados Unidos “ha expresado de manera muy clara y contundente” que hay ciudadanos bolivianos que no son bienvenidos en ese país, y que esa decisión responde a causas relacionadas con corrupción o contactos con el narcotráfico. En ese contexto, remarcó que el Estado boliviano venía realizando “sendas investigaciones” desde hace tiempo y que las medidas asumidas por el Gobierno guardan relación con ese trabajo previo.
Entre los casos mencionados por el vocero están los de Diego Alejandro Barboza Zeballo, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, y Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, exdirector departamental del Segip en Santa Cruz, quienes fueron cesados días antes de que se conociera la nueva lista difundida por Estados Unidos, de acuerdo con la versión oficial.
Consultado sobre si la publicación de esas nóminas implica un llamado a revisar la gestión gubernamental, Gálvez respondió que el propósito del Ejecutivo es “limpiar el Estado” de exautoridades y funcionarios actuales que hayan tenido algún vínculo con el narcotráfico o con estructuras criminales. En esa línea, afirmó que cualquier persona que incurra en esas conductas debe ser sometida a la ley.
El vocero insistió en que no existe privilegio alguno para nadie y que esa es la política asumida por el Gobierno. También recordó que antes de la publicación de la primera lista, el Ejecutivo destituyó a Alberto Samuel Soto de la Vía, entonces presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, y al coronel Frans William Cabrera Quispe, quien ejercía como inspector de la Policía Boliviana y formaba parte del Alto Mando Policial.
“No hay color político, no hay uniforme, no hay cargo, no hay influencia que pueda cambiar la necesidad de limpiar el Estado boliviano”, sostuvo Gálvez, al recalcar que la postura oficial es de intolerancia frente a cualquier acción vinculada con estas irregularidades. Añadió que el Gobierno debe ser respetuoso del debido proceso y que la publicación de listas por parte de Estados Unidos no constituye por sí sola una condena.
Sobre la posibilidad de que exista un patrón en las designaciones de funcionarios observados o relaciones de mayor nivel, el vocero descartó esa lectura y afirmó que “en lo absoluto” ve algo de ese tipo. Aseguró, más bien, que hay investigaciones en curso y que existen casos que están “mucho más claros, avanzados, investigados” y que, cuando corresponda, darán lugar a los procesos respectivos.
Gálvez concluyó que ningún elemento será ignorado ni habrá casos favorecidos, al insistir en que el Gobierno actuará en función de los indicios que vayan surgiendo y de las decisiones que correspondan en cada situación.
