Dos policías fueron enviados con detención preventiva al penal de Uyuni, en Potosí, dentro de la investigación abierta por la presunta entrega de teléfonos celulares al ex fiscal general del Estado Róger Mariaca, quien permanece recluido en la cárcel de Cantumarca. Mientras el proceso avanza, la Fiscalía pidió información a las operadoras Entel, Tigo y Viva con el fin de identificar los números a los que se habría contactado desde el dispositivo y precisar el alcance de las comunicaciones.
La decisión fue asumida por el juez cautelar Raúl Estrada, quien dispuso cuatro meses de detención preventiva para Josué G. M. y Noé G. F., ambos imputados por el presunto delito de uso indebido de influencias. En la misma audiencia, otros tres investigados, Darwin O. H. C., César E. S. Y. y César Fabián J., recibieron detención domiciliaria, arraigo nacional y otras medidas restrictivas, además de custodios permanentes.
La audiencia cautelar se extendió por más de 10 horas y terminó con recursos de apelación presentados tanto por las defensas como por la comisión de fiscales. El Ministerio Público había pedido la detención preventiva para los cinco imputados.
El comandante departamental de la Policía, coronel Franklin Villazón, explicó a EL DEBER que una revisión preliminar del teléfono presuntamente facilitado a Mariaca permitió advertir llamadas a abogados desde su celda. Sin embargo, remarcó que todavía se aguarda el informe técnico de las tres operadoras para establecer con precisión los números contactados y determinar si existieron comunicaciones con otros destinos, dentro o fuera del país.
La investigación también intenta establecer si hubo algún pago o incentivo para entregar el aparato móvil, aspecto que hasta ahora no fue confirmado. Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de que las llamadas estén relacionadas con un eventual plan de fuga o con contactos vinculados a la organización criminal atribuida a Mariaca, aunque la Policía aclaró que esa línea debe ser verificada y que aún no existe una conclusión sobre el propósito de las comunicaciones.
El caso se conoció luego de detectarse llamadas telefónicas desde el interior de la celda del ex fiscal general. A partir de ello, las pesquisas apuntaron al suboficial Josué G. M., quien cumplía funciones como asesor legal del recinto penitenciario y presuntamente habría facilitado su celular al recluso.
Después del hallazgo, Mariaca fue mantenido en una celda de observación, separado del resto de la población penitenciaria. Además, los policías asignados específicamente a su custodia fueron reemplazados y puestos a disposición de las instancias correspondientes por presuntas omisiones en los controles de seguridad.
Villazón indicó que el nuevo personal de custodia rotará cada 24 horas como parte de las medidas adoptadas para evitar nuevas irregularidades dentro del penal. Entretanto, la investigación continúa para definir responsabilidades individuales, identificar a los destinatarios de las llamadas y establecer si existieron otras fallas en los controles de seguridad de Cantumarca.
