El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, confirmó este domingo que varios integrantes del gabinete del presidente Rodrigo Paz también han recibido amenazas, en un contexto marcado por la ofensiva del Gobierno contra el crimen organizado y las redes ilícitas que, según dijo, se han incrustado en la estructura del Estado y en distintos sectores de la sociedad.
Aramayo sostuvo, en entrevista con radio Panamericana, que estas advertencias no han estado dirigidas únicamente al mandatario, sino también a otros miembros del Ejecutivo. Atribuyó esa situación a que la administración está afectando intereses vinculados con la corrupción, el narcotráfico y otras actividades criminales.
“Es evidente que sí. Se han recibido este tipo de amenazas de diferente índole, la hemos recibido diferentes actores del gabinete, porque estamos trastocando intereses”, afirmó.
Las declaraciones del ministro se producen a casi dos semanas de que el Gobierno de Rodrigo Paz cumpla su primer año de gestión. En ese marco, Aramayo remarcó que la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado constituye uno de los ejes centrales del cambio estructural que impulsa el Ejecutivo, aunque reconoció que ese proceso genera reacciones de presión e intimidación contra las autoridades.
Pese a ello, aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás en esa línea de acción. “Queda claro también que ninguna amenaza puede estar por encima de la constitución, de la ley, ni de la voluntad democrática del pueblo boliviano”, señaló. Añadió además que la seguridad del presidente, de su familia, de los servidores públicos, de jueces, fiscales y de cualquier ciudadano no puede quedar bajo el control de organizaciones criminales ni de quienes busquen amedrentarlos.
Las advertencias mencionadas por Aramayo se suman a las revelaciones que el propio presidente Paz hizo en dos oportunidades durante este mes. El 12 de octubre, el mandatario denunció que había recibido amenazas de muerte antes de viajar a Cobija, Pando, luego de la captura de un integrante importante del Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal brasileña.
La denuncia fue formulada durante el acto por los 103 años de la Aviación Militar Boliviana. Allí, Paz relató que la amenaza surgió después de la detención de un miembro de esa organización que, según dijo, operaba en Santa Cruz. “Ayer en Pando este presidente tenía amenaza de muerte porque hace tres días atrás habíamos agarrado a un miembro importante del PCC que se campeaba en nuestra ciudad de Santa Cruz, en nuestro departamento, como uno más”, expresó.
Una semana más tarde, el 19 de octubre, el jefe de Estado volvió a referirse al tema y señaló que su familia también había sido amenazada. En esa ocasión, explicó que no se trataba solo de su entorno más cercano, sino también de jueces que llevan adelante procesos contra personas vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia”, afirmó en Palacio Quemado.
Paz también reconoció el riesgo que enfrentan las autoridades jurisdiccionales en zonas fronterizas, donde —según dijo— la presión de los antisociales es constante. “Pero también ustedes, sé que un juez sufre en la frontera. Cuando el juez se encuentra indefenso ni siquiera tienen que venir a chantajearle nada o venir a ofrecerle algo, solo con la amenaza ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia”, manifestó.
El presidente recordó además que en su gestión más de 29 integrantes de organizaciones criminales internacionales fueron enviados a sus países. En ese contexto, cuestionó que durante las dos últimas décadas se haya permitido que la delincuencia se convierta en parte de la normalidad en Bolivia.
