El coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exdirector nacional de Inteligencia de la Policía y uno de los oficiales que participó en el operativo para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, expresó su preocupación por la seguridad de su familia luego de que la Justicia dispusiera su detención preventiva por seis meses.
Durante su intervención ante la autoridad judicial, Ferrufino afirmó que su mayor temor no está relacionado con su integridad física, sino con el riesgo que podrían enfrentar sus hijas y sus allegados tras la decisión asumida en su contra. “Porque yo le aseguro que si me da detención preventiva, no tengo miedo por mi vida, sino por mis hijas y mi familia”, manifestó.
El exjefe policial defendió además su participación en el operativo ejecutado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, en el que fue capturado Marset. La audiencia de medidas cautelares concluyó este domingo con la determinación de enviarlo con detención preventiva al penal de Patacamaya.
En su declaración, Ferrufino sostuvo que la intervención fue realizada por personal capacitado y que los efectivos involucrados desconocían de antemano los detalles de la misión. “Estoy seguro que de los 35 mil hombres de la Policía boliviana, nadie se hubiera animado a hacerlo (capturar a Marset), nadie. Los que lo hemos hecho, lo hemos hecho por convicción, por entrenamiento, porque teníamos las capacidades”, aseguró.
También afirmó que los miembros del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) que participaron en la operación no sabían a dónde se dirigían ni cuál era el objetivo completo del despliegue. “Ningún elemento del GEAT sabía dónde se estaba yendo cuando se ha capturado a Marset, le aseguro. Ningún elemento que estaba conmigo en la operación tampoco sabía dónde estaba yendo y qué estaba haciendo”, señaló.
Ferrufino recordó además una observación que, según dijo, en su momento tomó con humor, cuando un policía cuestionó a su superior por haberlos enviado a una situación de riesgo. Sin embargo, indicó que ahora entiende esa reacción desde otra perspectiva, al encontrarse detenido y con su imagen, según sus palabras, deteriorada por el proceso.
“Es más, cuando nos reunimos alguna vez me han indicado a mí que cuando le han capturado a Marset han dicho al Teniente Coronel Correa: ¿por qué nos ha mandado a morir? Y yo me he reído en ese momento. Pero hoy día, ahora, sentado aquí, en una celda, donde mi imagen está deteriorada, me doy cuenta que ese policía tenía razón”, lamentó.
El coronel también pidió que se revise un video que, según dijo, fue remitido por la secretaría correspondiente, al considerar que ese material podría ayudar a esclarecer su conducta durante el procedimiento. “Por favor, ese vídeo va a dar luces a usted de cómo he negociado. Soy negociador experto certificado. No puedo abandonar una negociación. Si estoy hablando con una persona, no puedo cancelar una operación y pensar en robar, como dice el Ministerio de Gobierno, o la Fiscalía. Soy suficientemente profesional, soy un hombre entrenado, soy un hombre que ha dado su vida a la institución, y ahora me están tomando como un número más”, expresó.
Ferrufino insistió en su trayectoria dentro de la Policía y cuestionó que su trabajo sea puesto en duda mientras permanece privado de libertad.
La investigación en su contra está vinculada con el presunto retiro irregular de maletas del inmueble allanado en el barrio Las Palmas, donde fue aprehendido Marset. Según la imputación formal, esos objetos no habrían sido registrados ni incorporados de manera oficial a los procedimientos de inventario y custodia.
La hipótesis fiscal también contempla la presunta existencia de dinero en efectivo, estimado en al menos cuatro millones de dólares, además de relojes de lujo y otros objetos de valor que habrían estado dentro de las maletas.
Ferrufino es investigado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo. Marset, por su parte, fue capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo de 2026 y actualmente enfrenta a la Justicia de Estados Unidos. El caso derivó en investigaciones contra distintos funcionarios públicos por presuntos vínculos con el narcotraficante y posibles irregularidades relacionadas con su entorno.
