La Unión Europea confirmó este martes que su Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) solicita información a autoridades bolivianas cuando recibe denuncias de corrupción que podrían comprometer recursos europeos. La explicación fue dada por el embajador Jaume Segura después de la reunión que sostuvieron tres eurodiputados con el canciller Héctor Huanca.
Segura remarcó que el interés principal de la UE es resguardar el dinero de los contribuyentes europeos y verificar que no se hayan visto afectados fondos comunitarios en casos de presunta malversación o corrupción local. En ese marco, precisó que OLAF puede pedir antecedentes al Gobierno, a la Fiscalía y a otras instancias del Estado boliviano.
El diplomático aclaró además el alcance de esos requerimientos. Según dijo, no se trata de una investigación directa sobre los proyectos europeos, sino de pedidos de información que surgen cuando en Bolivia aparecen denuncias que podrían tener impacto en recursos financiados desde Europa. El objetivo, insistió, es comprobar si hubo o no perjuicio para los contribuyentes europeos.
La consulta de la prensa estuvo vinculada al caso del exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz. Sobre ese expediente, Segura evitó hacer comentarios y recordó que se trata de una investigación abierta. Añadió que corresponde a las autoridades bolivianas responder a los requerimientos que emita el organismo europeo.
Por su parte, el eurodiputado austríaco Reinhold Lopatka, jefe de la delegación visitante, defendió la necesidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos. En declaraciones traducidas del inglés, sostuvo que siempre se trata de dinero de los contribuyentes y que en Europa debe demostrarse que no existe despilfarro. Agregó que los ciudadanos europeos esperan que se detecten eventuales casos de corrupción o uso indebido de fondos.
Las declaraciones actualizan un antecedente difundido por EL DEBER el 24 de noviembre de 2025. En esa ocasión, una carta de OLAF informó que el organismo abrió en diciembre de 2023 una investigación administrativa por posibles irregularidades y fraude vinculados con tres programas financiados por Europa en materia de agua potable y saneamiento.
Esos programas incluyen acciones de saneamiento en zonas rurales y gestión del agua urbana; apoyo a servicios de agua y alcantarillado en áreas urbanas y periurbanas; y gestión integral del agua en ciudades. Dos de los convenios mencionados involucraban a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La comunicación también pidió declaraciones de Claudia Cortez, testigo en el proceso por presuntas “coimas millonarias”, además de información sobre adjudicaciones, pagos y transacciones. Cortez había denunciado cobros de comisiones por contratos gestionados durante la administración de Santos Cruz. El exministro renunció en 2023 tras conocerse las acusaciones y sostuvo entonces que era víctima de una persecución política. Más adelante, el 9 de abril de 2026, fue condenado a 10 años de prisión por el denominado caso coimas, según la Sentencia N.º 78/2026 emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz.
Durante la agenda del encuentro, Lopatka también resaltó la participación europea en la observación de las elecciones bolivianas de 2025. Señaló que el canciller Huanca valoró ese acompañamiento internacional como parte del cambio pacífico de gobierno y anunció conversaciones con representantes de ambas cámaras legislativas para reforzar la relación bilateral.
Consultado sobre el estado de excepción aplicado en Bolivia, el eurodiputado afirmó que la visita no busca intervenir en asuntos internos. Dijo esperar que el Gobierno supere los problemas del país y que Bolivia se consolide como un socio de Europa.
La misión europea, integrada además por Marco Tarquinio y Małgorzata Gosiewska, permanecerá en Bolivia hasta el 29 de octubre. Durante su estadía revisará proyectos de desarrollo humano, acción climática y la iniciativa Global Gateway, además de conocer programas vinculados con alternativas a la coca en los Yungas y economía circular en Santa Cruz.
