La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluyó que autoridades rusas actuaron, en coordinación con redes de intermediarios desplegadas en distintos países, para captar por engaño a personas extranjeras e incorporarlas a sus fuerzas militares. Entre los 29 países en los que los investigadores de Naciones Unidas detectaron ese mecanismo figura Bolivia, dentro de un examen que abarcó información sobre ciudadanos de 48 naciones.
El hallazgo fue presentado ayer ante la Asamblea General de la ONU y amplía la alerta que la comisión ya había difundido en septiembre. El grupo investigador está presidido por Erik Møse e integrado por Pablo de Greiff y Vrinda Grover. En su trabajo, encontró pruebas contundentes de reclutamiento mediante engaños en 29 países, con un patrón que, según el informe, se repite con características similares.
De acuerdo con la investigación, los intermediarios se presentaban como representantes de empresas legales y ofrecían empleos civiles bien remunerados a hombres de bajos ingresos. Además de prometer trabajo, se encargaban de trámites como pasajes, visas y documentación, y en algunos casos acompañaban personalmente a los viajeros. Sin embargo, una vez en Rusia, varios de ellos fueron obligados a firmar contratos en ruso con el Ministerio de Defensa, sin comprender que el destino real era el combate.
La comisión señaló un alto nivel de coordinación entre esos agentes y las autoridades rusas. Una vez reclutadas, las personas eran enviadas al frente ucraniano para cumplir misiones de alto riesgo. Según el informe, muchos murieron o desaparecieron, mientras que otros resultaron heridos, se rindieron o fueron capturados por fuerzas ucranianas. En paralelo, sus familias quedaron sin información y los intermediarios bloquearon las llamadas, lo que profundizó la incertidumbre sobre su paradero.
El documento también hace una distinción entre los extranjeros que se incorporaron de manera voluntaria y aquellos que fueron víctimas de engaño o amenazas. En este último caso, la comisión sostiene que se trata de víctimas de trata y que no pueden ser calificadas automáticamente como mercenarios. Asimismo, recuerda que quienes caen prisioneros tienen derecho a la protección prevista por el derecho internacional humanitario.
En Bolivia, la Cancillería informó a EL DEBER que recibió 34 solicitudes de asistencia consular vinculadas con compatriotas relacionados con la guerra. El canciller Héctor Huanca explicó que se activaron gestiones ante Rusia y Ucrania para ubicar, proteger y desvincular a esas personas. “Cinco bolivianos fueron repatriados”, confirmó, aunque señaló que todavía existen trámites en curso que se manejan en el ámbito de la gestión diplomática.
De forma paralela, el Ministerio Público abrió cuatro investigaciones por presunta trata de personas con fines de reclutamiento bélico en Santa Cruz, Tarija y Beni. Las causas alcanzan hasta 31 posibles víctimas, aunque esa cifra sigue siendo preliminar. “Ha habido un engaño. Se han aprovechado de la situación económica por la que atraviesan estas familias”, afirmó en su momento la fiscal Giovana Castro.
El caso tomó mayor visibilidad en julio, cuando las familias de Iván Valdivia y José María Soleto instalaron en Santa Cruz un velatorio simbólico sin los cuerpos, luego de recibir versiones sobre sus muertes en combate. En Rincón de Palometas, otros allegados denunciaron ofertas laborales que terminaron derivando en destinos militares. Más tarde, en septiembre, un joven regresó por Viru Viru con asistencia consular, después de haber viajado por una propuesta de trabajo hacia territorio de la Federación Rusa.
El pronunciamiento de la comisión contrasta con la posición sostenida por Rusia. El 14 de julio, su Embajada en Bolivia negó vínculos con redes de captación. Al día siguiente, el embajador Dmitry Vérchenko declaró: “No sabemos nada de este sistema de reclutamiento”. También aseguró que colaboraría con las autoridades. Desde la Cancillería boliviana no hubo un pronunciamiento específico sobre la conducta atribuida por la comisión de la ONU a las autoridades rusas.
En su conclusión, el organismo pidió desvincular de las fuerzas rusas a todas las personas captadas mediante trata. Se trata de una señal diplomática, aunque no vinculante. La comisión tampoco precisó públicamente cuántos bolivianos habrían sido captados bajo este mecanismo.
