El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, afirmó que dentro de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) habría operado una red de corrupción y extorsión, por lo que el proceso abierto contra la exministra Teresa Morales podría ampliarse a otros funcionarios involucrados.
García sostuvo que la investigación no se limitará a una sola persona, sino que busca identificar a todos los integrantes de esa presunta estructura. En entrevista con EL DEBER, este miércoles, señaló que el objetivo es desmantelar y procesar a quienes habrían formado parte de esa red. “Hacemos referencia a que existiría una red, una red de extorsión al interior de esta y de muchas otras instituciones y nuestro propósito es identificar, desmantelar, procesar esta red, por lo que la determinación final del número de integrantes de esta red es justamente el propósito de la investigación y vamos a continuar en este mismo sentido”, manifestó.
La declaración surge en medio del proceso penal que la Fiscalía de La Paz abrió contra Ana Teresa Morales Olivera, exministra de Desarrollo Productivo y exdirectora de la UIF, por incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional. La denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia y ya fue admitida por el Ministerio Público.
Según explicó García, la decisión de activar la vía penal responde a cuestionamientos sobre el funcionamiento de la UIF en gestiones anteriores. El viceministro aseguró que su despacho remitió 65 requerimientos que no obtuvieron respuesta y afirmó que en algunos expedientes aparecen personas con poder político y económico.
La UIF es la entidad estatal encargada de analizar información financiera para detectar posibles indicios de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. También recibe reportes de operaciones sospechosas y elabora informes para las autoridades competentes. Por la naturaleza de sus funciones, maneja información reservada.
Desde la perspectiva del viceministro, esa condición estratégica dentro del Estado habría sido desvirtuada en el pasado. García sostuvo que la institución debió estar orientada a la aplicación de políticas de integridad y transparencia, pero que habría sido utilizada con otros fines. En ese marco, insistió en que la denuncia presentada ante la Fiscalía busca frenar cualquier práctica irregular detectada en esa instancia.
“En el pasado, esta entidad ha sido mal utilizada por diferentes actores, estilos políticos o fines que han desviado su naturaleza institucional”, afirmó. Añadió que la denuncia ya cuenta con un aviso de inicio de investigación y que, según su versión, existen antecedentes de que la UIF habría sido usada para generar cobros y extorsiones contra personas, políticos y particulares. Por ello, remarcó que la política institucional del Gobierno es eliminar de raíz cualquier indicio de ese tipo de prácticas.
