La incertidumbre en torno a una eventual crisis energética, especialmente en el suministro de hidrocarburos, ha comenzado a empujar a los empresarios de Tarija a tomar previsiones para no comprometer sus operaciones. En ese escenario, varias compañías ya evalúan e incluso implementan mecanismos alternativos de generación, con los paneles solares como una de las opciones más visibles para producir energía fotovoltaica.
Desde el sector empresarial advierten que el encarecimiento de los carburantes ya está afectando los costos de producción y que el gas no está al margen de esa tendencia. El vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Fernando Galarza, señaló que, aunque todavía no existen restricciones en el suministro, el sector industrial percibe que se aproxima una situación compleja y severa, lo que ha llevado a algunas empresas a buscar formas de generar su propia energía.
Según explicó, la principal alternativa que se viene adoptando es la instalación de paneles solares. Esta medida, sin embargo, no siempre alcanza para cubrir toda la demanda de las plantas industriales. Así lo había señalado semanas atrás la presidenta de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (Caincotar), Marina Ruiz, al referir que varias industrias ya incorporaron sistemas solares, aunque en muchos casos su capacidad solo permite atender necesidades administrativas y no la operación completa de las empresas.
Galarza también advirtió que la escasez de carburantes genera inestabilidad en la producción y profundiza la incertidumbre en el sector. A su juicio, la falta de abastecimiento termina afectando directamente la capacidad de las empresas para planificar y sostener sus actividades en un contexto de condiciones adversas para la industria.
En medio de ese panorama, el dirigente destacó la promulgación del Decreto Supremo 5755, que abre la posibilidad de importar gas para garantizar el funcionamiento de las empresas. Consideró que esa medida puede aportar certidumbre, aunque también reconoció que implica mayores costos para los carburantes y, en consecuencia, para la producción.
La norma fue promulgada el 26 de octubre por el presidente Rodrigo Paz y autoriza a personas y empresas públicas o privadas a importar gas natural y gas natural licuado (GNL) para consumo propio o para generación eléctrica. El decreto prohíbe la reventa del combustible y establece mecanismos de registro y fiscalización, aunque su aplicación queda sujeta a la reglamentación complementaria.
Ante la caída de la producción nacional, las empresas podrán recurrir a proveedores del exterior para asegurar su abastecimiento.
