La subida del precio del diésel está golpeando de lleno la administración municipal de Padcaya y ha encendido las alertas en el gobierno local. Así lo manifestó el alcalde Gilmar Miranda Zutara, quien advirtió que la situación económica del municipio se vuelve cada vez más compleja y pidió que las alcaldías sean tomadas en cuenta al momento de definir medidas por parte del Gobierno.
Miranda aseguró que el panorama es preocupante y que la falta de recursos empieza a sentirse con más fuerza en las alcaldías rurales. Dijo que mantiene reuniones diarias con sus secretarios para revisar de dónde pueden obtener fondos y hacer frente a las obligaciones más urgentes. Según explicó, no se trata de oponerse a las políticas nacionales, sino de exigir que cualquier decisión se asuma con responsabilidad y en coordinación con los sectores involucrados, especialmente en las provincias.
El alcalde señaló que las municipalidades del área rural serán las más afectadas por las nuevas disposiciones. Mencionó que se habla de un esquema 50-50, pero afirmó que los municipios no tienen claridad sobre el alcance de esa política y que, hasta el momento, no recibió ninguna notificación oficial sobre el tema. En ese contexto, advirtió que podría terminar recayendo sobre los gobiernos municipales el pago de médicos y profesores, lo que, en su criterio, dejaría a Padcaya sin recursos.
Miranda recordó que el municipio cuenta con 28 centros de salud y 81 unidades educativas. Sostuvo que, si tuviera que asumir esos gastos, la administración quedaría “sin recursos, cero”, y expresó su duda de que luego se le reponga ese dinero. A su juicio, la realidad de los municipios provinciales es muy distinta a la de las ciudades, donde las alcaldías generan mayores ingresos, mientras que en el área rural los presupuestos son mucho más bajos.
En el caso de Padcaya, indicó que el presupuesto alcanza a 20 millones, aunque las deudas son mayores y la situación financiera se encuentra comprometida. Dijo además que la crisis que atraviesa el país ya se siente con fuerza en el municipio y que se requieren decisiones estructurales, tomando en cuenta también la visión de las provincias.
El alcalde afirmó que el incremento del costo del diésel ya tuvo efectos concretos en su jurisdicción. Explicó que los tractores dejaron de funcionar, al igual que los de los comunarios, lo que complica las labores productivas y de apoyo al sector rural. También señaló que tuvo que dejar de lado el mantenimiento de caminos para priorizar el transporte escolar, un servicio que considera indispensable y que no puede suspenderse.
Miranda sostuvo que el presupuesto municipal ya había llegado con dificultades y que, con el alza de precios, el desfase se agravó aún más. A esto se suman los anuncios sobre la eventual eliminación de la subvención a la gasolina y al GLP, lo que, según dijo, haría todavía más difícil la situación. Advirtió que el costo de vida cambiará por completo y que incluso los funcionarios están pidiendo aumento salarial.
El alcalde agregó que el techo presupuestario asignado no guarda relación con los costos reales y que los salarios ya no alcanzan para cubrir las necesidades de los trabajadores. También anticipó que, con el paso del tiempo, el cemento, las obras y los proyectos serán más caros.
Finalmente, recordó el convenio que el municipio mantiene con los campesinos: la alcaldía aporta el tractor y los productores el diésel. Sin embargo, señaló que ahora los comunarios le han manifestado que ya no podrán sembrar porque el dinero que tienen apenas les alcanza para comprar carburante.
