La llegada del principal dirigente nacional de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia, Benjamín Cáceres, abrió una nueva expectativa en el conflicto interno que atraviesa la Fejuve de Tarija. Así lo señaló Ronald Garnica Chavarría, quien aseguró que continúa en el cargo y que espera que la intervención permita encaminar una solución en el marco del estatuto y el consenso.
Garnica afirmó que la oficina de la organización permanece abierta y que este viernes se prevé una reunión ampliada con el objetivo de buscar una salida al problema. Según explicó, fueron convocados presidentes de barrio, exdirigentes de la Fejuve y representantes de las provincias, con especial énfasis en Bermejo, desde donde surgieron cuestionamientos sobre un supuesto paralelismo impulsado por su gestión.
El dirigente sostuvo que su mandato no fue interrumpido en ningún momento y que la resolución que dispuso su expulsión carece de validez, debido a que, según su versión, no se habría respetado el procedimiento establecido en el estatuto de la organización vecinal tarijeña. En ese sentido, insistió en que su directiva está actuando correctamente y que aspira a concluir su gestión y dejar el cargo “por la puerta grande”, como expresó, y no “por las ventanas”.
También atribuyó el origen del conflicto a una marcha de protesta en la que pidió la renuncia del vocero gubernamental. A partir de ese hecho, dijo, comenzaron las represalias y el asunto fue politizado por sus detractores. Pese a ello, descartó que la llegada de Cáceres tenga como único propósito ratificarlo en el cargo, y consideró que el dirigente nacional escuchará a todas las partes antes de buscar una salida ajustada al estatuto y la legalidad.
Consultado sobre la presencia de dirigentes que también son funcionarios públicos de la Alcaldía, Garnica respondió que no puede intervenir en temas laborales. Recordó que él llegó al cargo por sucesión y que no le corresponde cuestionar si una persona trabaja en una entidad pública. Añadió que el estatuto permite dirigentes que sean funcionarios, aunque no en cargos jerárquicos, y remarcó que no solo existen casos en la Alcaldía, sino también en la Gobernación y el Gobierno. En ese contexto, afirmó que no es quien para echar a nadie, especialmente cuando se trata de derechos.
