Dos camioneros bolivianos fueron condenados en Argentina a cuatro años y ocho meses de prisión tras quedar involucrados en un intento de contrabando de más de 35 toneladas de acetato de etilo, una sustancia química que puede servir como precursor en la elaboración de cocaína. La sentencia fue dictada en Salta luego de que ambos aceptaran su responsabilidad en el marco de acuerdos con la Fiscalía.
Los condenados fueron identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García. Ambos transportaban la carga en dos camiones con destino a Bolivia y fueron considerados coautores de contrabando agravado de precursores químicos en grado de tentativa, con uso de documentación adulterada. La jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, homologó los acuerdos el 22 de octubre y fijó para cada uno la misma pena.
El caso se originó el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional detuvo e inspeccionó dos vehículos de transporte internacional en el paso fronterizo de Aguas Blancas, en la provincia de Salta. En la revisión se detectaron 191 tambores con acetato de etilo, distribuidos en 95 en un camión y 96 en el otro, con un peso total de 35.144 kilogramos. Según el expediente, la mercadería estaba valuada en 167.608.459 pesos argentinos.
Las inconsistencias comenzaron a advertirse al analizar la documentación comercial y los permisos de traslado. Los papeles indicaban que la salida de la carga debía realizarse por el paso internacional de Salvador Mazza, pero los camiones se presentaron en Aguas Blancas, por una vía distinta a la autorizada. A ello se sumó que, al cotejar las patentes, se comprobó que no coincidían con las habilitadas para ese tipo de operación.
La investigación fiscal sostuvo que se habría utilizado documentación con apariencia de validez, vinculada al sistema de Gestión Documental Electrónica, para incorporar los dominios de los vehículos que terminaron transportando el producto químico. También se estableció que el acetato de etilo había ingresado a Argentina desde Uruguay y que su destino final era Cochabamba, Bolivia.
En el marco de la causa, la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica aportaron documentación de una investigación desarrollada en Bolivia. Esa pesquisa incluyó allanamientos en depósitos de acetato de etilo, entre ellos uno ubicado en Cochabamba que, según la información incorporada al expediente, no contaba con autorización para almacenar sustancias químicas.
