El Gobierno declaró la Situación de Emergencia Nacional ante los efectos de la sequía y los riesgos que se proyectan por el fenómeno El Niño 2026-2027, luego de un reporte oficial que da cuenta de 114.048 familias afectadas en 63 municipios de seis departamentos del país. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo 5759, firmado por el presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de proteger la vida, la salud y los medios de subsistencia de la población, además de fortalecer la preparación, respuesta y recuperación frente a la emergencia.
La decisión se adoptó en un contexto en el que la falta de agua ya impacta de manera directa sobre la producción agropecuaria, las condiciones de vida y los medios de sustento de miles de personas. Según los datos correspondientes al periodo del 1 de junio al 29 de octubre de 2026, del total de familias registradas, 78.217 están afectadas y 35.831 damnificadas. El informe también detalla que la emergencia alcanza a 1.486 comunidades, 167.511 hectáreas afectadas, de las cuales 60.106 se reportan como perdidas, además de 75.013 cabezas de ganado perdidas.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la declaratoria responde a una situación que ya tiene consecuencias concretas y a la necesidad de anticiparse a posibles eventos climáticos adversos en los próximos meses. Afirmó que en varias regiones del país llueve menos de lo necesario y que esa falta de agua no solo golpea a las personas, sino también a los cultivos, los animales y a las familias que dependen de la agricultura y la ganadería. En ese marco, recordó que 78.217 familias están afectadas porque la sequía perjudica sus actividades y condiciones de vida, mientras que otras 35.831 ya sufrieron pérdidas directas en sus cultivos, animales o medios de subsistencia.
Justiniano advirtió además que el panorama climático podría complicarse. Mientras el Altiplano, los Valles y el Chaco enfrentan condiciones de sequía, los pronósticos también advierten riesgos de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes vinculados al fenómeno El Niño. El ministro insistió en que estos escenarios no significan que todos esos eventos vayan a ocurrir necesariamente, sino que deben entenderse como alertas que permiten organizar acciones preventivas.
La declaratoria fue recomendada por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade), mediante la Resolución 014/2026, del 30 de octubre. De acuerdo con el Decreto Supremo 5759, la emergencia busca reforzar la capacidad del Estado para actuar frente a la situación y reducir el impacto sobre la población boliviana.
El ministro de Defensa subrayó que la atención no recaerá únicamente en su cartera, sino que requerirá una respuesta articulada entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. Señaló que cada ministerio deberá actuar desde el ámbito de sus competencias, mientras Defensa Civil coordinará la gestión de riesgos y las acciones de respuesta, con apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario.
También informó que se trabaja en mecanismos de financiamiento para disponer de mayores recursos, aunque ese proceso aún debe completar los procedimientos correspondientes. En paralelo, dijo, ya se avanza en tareas inmediatas como la identificación de las comunidades de mayor riesgo, la actualización de los planes de contingencia, la organización de las capacidades disponibles y la preparación de la ayuda que pudiera requerir la población.
“La emergencia nacional no debe quedarse en un decreto firmado. Tiene que convertirse en prevención, coordinación, recursos y ayuda efectiva”, sostuvo Justiniano al remarcar que la finalidad de la medida es anticiparse a los efectos de los eventos climáticos y garantizar una respuesta más rápida y coordinada para proteger a las familias bolivianas.
