La Fiscalía activó gestiones para ubicar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, luego de que este anunciara que salió de Bolivia y se declarara en “exilio”. La medida incluye la evaluación de una alerta migratoria y otras acciones legales orientadas a lograr que comparezca ante la justicia.
El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó este miércoles a EL DEBER que existen al menos dos investigaciones abiertas contra Saucedo en Santa Cruz y que se preparan actuaciones para asegurar su comparecencia. Aunque no detalló cuáles son los delitos bajo investigación, más tarde indicó que estaban en trámite los documentos necesarios para solicitar una alerta migratoria y también un eventual mandamiento de aprehensión.
La alerta migratoria tiene alcance nacional y permite detectar movimientos en los controles fronterizos. En ese marco, la Fiscalía puede pedir información y coordinar acciones con Migración y la Policía Boliviana para impedir que el magistrado abandone el país.
Sin embargo, una alerta de este tipo no obliga a policías de otros países a buscar o detener a Saucedo. Si ya hubiera salido del territorio nacional, su localización fuera de Bolivia dependería de mecanismos de cooperación internacional y de las decisiones judiciales que correspondan.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó por la mañana que el magistrado no contaba con alerta migratoria ni arraigo al momento en que se conoció su salida. También señaló que Migración investiga la ruta que habría utilizado, mientras las autoridades aún no confirmaban públicamente su paradero.
Saucedo difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que dejó Bolivia junto a su familia porque teme por su vida y su libertad. Además, rechazó las acusaciones que puedan presentarse en su contra y sostuvo que no renunciará al mandato de magistrado que obtuvo mediante elección popular.