La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobó por unanimidad, la tarde de ayer, una declaración en la que rechaza la propuesta del Gobierno nacional de destinar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones. En el mismo pronunciamiento, la instancia legislativa declaró estado de emergencia y vigilia permanente junto a la Gobernación cruceña. La resolución fue aprobada durante el acto de presentación de los informes de los primeros seis meses de gestión, tanto del Ejecutivo como del Legislativo departamental.
La declaración fue presentada por la asambleísta María René Álvarez, quien calificó la propuesta del nivel central como “vergonzosa” e “inadmisible”. En su exposición, sostuvo que la medida desconoce las demandas históricas de Santa Cruz y, a su juicio, no responde a las necesidades del departamento, además de mantener vigente una lógica centralista en la distribución de recursos.
El documento aprobado dispone que la Asamblea y la Gobernación permanezcan en emergencia y vigilia permanente. También establece el seguimiento a las decisiones presupuestarias del Ejecutivo nacional y la promoción de medidas orientadas a la defensa regional. En esa misma línea, la resolución respalda la propuesta de Juan Pablo Velasco sobre una redistribución de la coparticipación con montos considerados justos y proporcionales, bajo la fórmula 50/50.
Además, el pronunciamiento será remitido a instituciones cívicas, empresariales, sociales, universidades y asociaciones municipales, con el objetivo de articular un frente común en torno a esta demanda regional. La aprobación de la declaración mostró una coincidencia entre bancadas para cerrar filas en defensa de la posición cruceña frente al planteamiento del Gobierno central.
Álvarez recordó durante la sesión que Santa Cruz aporta cerca del 40% al Tesoro General de la Nación, pero que su Gobernación no recibe coparticipación. Según expuso, el 1% planteado por el Gobierno equivaldría a Bs 472 millones para las nueve gobernaciones y, en el caso de Santa Cruz, podría representar alrededor de Bs 150 millones, tomando en cuenta la población y las necesidades básicas insatisfechas.
En el mismo acto, Juan Pablo Velasco presentó el balance de sus primeros seis meses de gestión. Informó que 41 de los 71 compromisos de su plan de gobierno ya están cumplidos, en ejecución o gestionados. De ese total, 22 se encuentran en las dos primeras categorías y 19 están en fase de gestión. También destacó la reducción del 30% de la planilla, un ahorro cercano a Bs 35 millones y un incremento del 12% en las recaudaciones. Con esos resultados, señaló que el déficit proyectado para 2026 bajó de Bs 338,5 millones a aproximadamente Bs 150 millones.
En el área de salud, el gobernador reportó 703 ítems gestionados y la implementación de fichas digitales, que beneficiaron a 33.720 pacientes de los hospitales San Juan de Dios y de Niños. Además, indicó que ya fue recibido el terreno para la construcción del nuevo hospital Oncológico. En infraestructura, mencionó la perforación de 29 pozos nuevos, la rehabilitación de otros 167 y el mantenimiento de 1.722 kilómetros de caminos. También informó sobre la importación de más de cuatro millones de litros de diésel y la gestión de 42 millones de dólares comprometidos para electrificación rural.
Velasco añadió que se extinguieron 156 incendios y que la superficie quemada se redujo en 87% respecto a 2025. Entre los proyectos que mencionó figuran la Guardia Cruceña, las leyes de Energía e Inversión, la propuesta 50/50 y el Viru Viru Hub.
Por su parte, la presidenta de la ALD, María René Álvarez, informó que la Asamblea sancionó 16 leyes y mantiene otros 18 proyectos en tratamiento. Precisó que las normas aprobadas abarcan áreas vinculadas con patrimonio, infraestructura, finanzas, protección de derechos y desarrollo productivo.
Entre los avances legislativos, destacó la ley de contingencias ante bloqueos y la creación de la Defensoría Departamental de las Cruceñas y Cruceños. Asimismo, mencionó que entre las iniciativas pendientes se encuentran la Guardia Cruceña Departamental Autonómica y el Sistema de Inteligencia Territorial, concebido para anticipar riesgos como una eventual crisis energética.
