Los alcaldes de las nueve capitales de departamento y de El Alto acordaron exigir al Gobierno una redistribución de recursos bajo el esquema 50/50 que fue prometido en campaña electoral, además de medidas urgentes para evitar la paralización de obras y garantizar la continuidad de los servicios municipales. Entre sus principales demandas figura también la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuyos recursos —según denunciaron— desde 2017 se vienen reteniendo en un 12% de lo que corresponde a las entidades territoriales autónomas, con el argumento de destinarlos a la “aceleración” de proyectos de exploración petrolera.
Luego de una reunión sostenida por las autoridades municipales, se dio un plazo hasta el viernes 13 de noviembre para que el Ejecutivo emita un decreto de actualización de precios de los contratos, una medida que consideran necesaria ante el incremento de costos que afecta la ejecución de obras en los municipios.
La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, explicó que el objetivo es alcanzar un pacto vinculante que permita una distribución equitativa de los recursos. En ese marco, detalló que la hoja de ruta planteada por los alcaldes incluye la definición de la masa coparticipable, la aplicación de la normativa del 50/50, la reducción de cargas, la restitución de los recursos del IDH, la actualización del SUS y reformas legales.
A ello se suma la demanda de que el nivel central asuma el pago del bono de discapacidad y financie al personal sanitario que actualmente es cubierto por los municipios. Tardío advirtió que el incremento de costos, tras el retiro de la subvención a los combustibles, dejó obras paralizadas, otras al borde de la rescisión y empresas que ya no quieren continuar con los trabajos porque los precios pactados dejaron de cubrir sus gastos.
En la misma línea, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, señaló que el diésel, que subió de Bs 9 a Bs 18 por litro, encarece servicios como el recojo de basura, el aseo urbano y el transporte municipal. Por ello, planteó la necesidad de aplicar medidas de alivio financiero para los gobiernos locales.
Dockweiler propuso además una implementación gradual del esquema 50/50 hasta 2030. Según su planteamiento, los municipios recibirían el 36% de la coparticipación tributaria, las gobernaciones el 6,7% y las universidades el 7,3%, mientras que el Gobierno central conservaría el 50%.
Por su parte, el alcalde cruceño, Mamén Saavedra, respaldó una mayor descentralización de los recursos, aunque remarcó que la distribución debe ser acordada entre todos los niveles del Estado.
Los alcaldes anunciaron una nueva reunión para el lunes 16 de noviembre en La Paz, con la participación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y representantes de municipios pequeños e intermedios. Aseguraron que su objetivo es garantizar recursos y servicios para la población, y no generar confrontación ni con el Gobierno ni con las gobernaciones.
En ese encuentro prevén coordinar acciones y abrir un espacio de diálogo con representantes del Ejecutivo.
