El despacho del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue intervenido este martes en la ciudad de Sucre, en el marco de las investigaciones abiertas por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La confirmación de la diligencia llegó a través del magistrado del TSJ, Germán Saúl Pardo, quien informó que las oficinas fueron allanadas y que los miembros del máximo tribunal de justicia están dispuestos a colaborar con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos. Según explicó, la institución considera necesario que las pesquisas avancen sin restricciones para establecer lo ocurrido.
“Lamentamos los hechos ocurridos, en este caso, de quien fuera la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, hoy es la intervención de las oficinas. Vamos a dejar que el Ministerio Público haga su trabajo, que investigue, porque también nosotros somos los primeros interesados en que se conozca la verdad histórica de los hechos”, sostuvo.
Pardo remarcó que, ante las versiones sobre una presunta red que habría alcanzado a distintos sectores del Órgano Judicial, existe interés en que las indagaciones determinen con precisión el alcance de los hechos. En ese contexto, afirmó que el Ministerio Público tiene vía libre para ingresar a las oficinas que considere necesarias dentro de la investigación.
“Nosotros somos los principales interesados en saber y que se investigue. Les reitero, queremos llegar a conocer la verdad histórica de los hechos. Es por eso que el Ministerio Público tiene la libertad de poder ingresar a estas oficinas y a todas las que requiera”, señaló.
De acuerdo con la información proporcionada, personal del Ministerio Público y de la Policía ingresó a las oficinas para recolectar distintos elementos vinculados al caso. Se prevé que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el trabajo realizado durante la intervención.
Pardo también explicó que el despacho permaneció cerrado antes del allanamiento con el objetivo de evitar cualquier alteración de posibles elementos relacionados con la investigación. Indicó que los funcionarios recibieron instrucciones de no abrir las puertas hasta que se concretara la actuación fiscal.
“Las oficinas han estado cerradas justamente para poder evitar contaminar cualquier situación”, manifestó.
En cuanto a los funcionarios designados durante la gestión de Saucedo, el magistrado aclaró que no tiene conocimiento de que estén siendo investigados. Sin embargo, precisó que será el Ministerio Público el encargado de definir a quiénes convocará para prestar declaraciones dentro del proceso. Sobre la continuidad del personal, añadió que esa decisión quedará en manos de las nuevas autoridades.
Saucedo salió de Bolivia el 4 de noviembre junto a su esposa y sus tres hijos, según informó a través de sus redes sociales. En esa ocasión, afirmó encontrarse en el exilio y sostuvo que era víctima de persecución política, además de alegar falta de garantías jurídicas y riesgo para su vida.
En paralelo, el Ministerio Público abrió un proceso penal ordinario en su contra por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. También se emitió una orden de aprehensión en el marco de estas investigaciones.
