La declaración que Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, prestó el 10 de noviembre dejó abiertas varias líneas de investigación que van mucho más allá del origen de las llamadas “narcomaletas” y del destino de la marihuana líquida. En su comparecencia, no solo explicó por qué Rómer Saucedo sería el propietario de esos elementos, sino que además, al ser consultado sobre qué información podía aportar de manera voluntaria, expuso lo que describió como el poder que Saucedo habría ejercido dentro de la estructura judicial.
“A modo de ayudar con la investigación, quiero manifestar que el doctor Romer Saucedo tiene casas a nombre de su compadre; que Mauricio Requena, que es su asesor principal, mandaba en todo. No se hacía nada sin que él autorice. Romer Saucedo compró una vagoneta Toyota Land Cruiser blanca, la misma que está a nombre de su abogado. También utilizaba a sus hermanas para poner cosas a su nombre, como casas, terrenos, movilidades”, afirmó Quezada al iniciar su relato sobre el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia.
A ello añadió que Saucedo tenía una novia y que, según su versión, probablemente ella también tenga bienes registrados a su nombre. También mencionó una cadena de billares en la capital cruceña, sobre la cual dijo que el propio Saucedo le habría indicado que era socio y que el dueño inicial era su primo, quien, según relató, había enfrentado un proceso por legitimación de ganancias ilícitas y pérdida de dominio.
La declaración luego ingresó de lleno en el terreno judicial. Quezada sostuvo que Saucedo habría intervenido para influir en decisiones de jueces y vocales con el objetivo de obtener resoluciones favorables. Entre los casos que mencionó figura el de Hebert Zeballos. Según su testimonio, la orden para que saliera en su apelación por cesación debido al vencimiento de la duración máxima de la detención preventiva habría provenido de Saucedo, quien, de acuerdo con lo declarado, instruyó al vocal Marcelo Coca para que lo liberara. Quezada aseguró que Coca tenía miedo, pero que Saucedo le dio la orden en su presencia y dijo contar con respaldo superior.
También se refirió al caso de Jorge Roca Suárez, conocido como Techo ‘e Paja o como el Rey de la cocaína en la década de los 80. En ese episodio, afirmó que se produjo un enfrentamiento con los vocales Emerson Figueroa y Victoria Vargas, debido a que Saucedo habría ordenado una extinción por duración máxima del proceso y ellos no habrían cumplido. Según su versión, a raíz de ello se le pidió reconformar salas en Sala Plena y se envió a ambos vocales a la Sala Social como una forma de castigo.
La declaración también alcanzó el ámbito político. Quezada aseguró que Saucedo habría usado su influencia para incidir en procesos electorales, incluso con el objetivo de sacar de la contienda a Andrónico Rodríguez, quien fue candidato presidencial por Alianza Popular. Sobre ese punto, dijo que en una ocasión se enfrentó a Carla Arancibia por un amparo vinculado a ese intento de excluir a Rodríguez, pero que ella no aceptó y mantuvo una fuerte discusión con Saucedo en su presencia.
En otro tramo, sostuvo que Saucedo intervino en las elecciones municipales de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz. Afirmó que “movió cielo, mar y tierra” para que su tío llegara a ser alcalde de ese municipio y que, siendo el tercero en la preferencia electoral, habría logrado bajar a dos competidores. También señaló que, según lo que conocía, hubo coordinación constante con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y que una acción de amparo resuelta en la Sala Constitucional Primera anuló la sigla de ASIP para impedir su participación en esos comicios.
Quezada también apuntó al funcionamiento interno del sistema judicial. Según dijo, el control de Saucedo sobre la Justicia era tal que incluso habría influido en el sistema informático de distribución de causas entre jueces. Explicó que, aunque la interoperabilidad del Órgano Judicial con el Ministerio Público es de conocimiento público, lo que no se conocía era que, al solicitar un informe sobre el ingreso de causas, se evidenciaba que algunos jueces recibían una cantidad muy alta de procesos mientras otros no alcanzaban ni el 10% de esa carga. Mencionó que entre esos
