El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó el informe correspondiente al primer año de gestión de esa cartera de Estado, en el que expuso las principales acciones emprendidas para fortalecer a las Fuerzas Armadas, mejorar sus capacidades de defensa y responder a las amenazas que afectan la seguridad nacional.
Uno de los ejes más destacados de su exposición fue la actuación militar durante los 53 días de bloqueos que atravesó el país. De acuerdo con los datos oficiales presentados por la autoridad, en ese periodo se registró una movilización acumulada de 26.917 efectivos y se ejecutaron 151 acciones de desbloqueo dentro de operaciones interinstitucionales.
Justiniano recordó que esos conflictos generaron dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno, además de afectar el traslado de pacientes y el desarrollo de actividades económicas. En ese contexto, señaló que el 20 de junio, mediante el Decreto Supremo 5636, se declaró el estado de excepción.
Según explicó, las Fuerzas Armadas cumplieron funciones de apoyo a la Policía, resguardo de vías y protección de infraestructura crítica, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de la transitabilidad.
“Las Fuerzas Armadas no están para enfrentarse al pueblo ni para decidir la política. Su deber es defender la Constitución, respetar la institucionalidad y contribuir a proteger a la población cuando así lo establece la ley”, manifestó el ministro.
Otro de los puntos centrales del informe estuvo relacionado con la preparación de la institución castrense frente al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas. Justiniano informó que se reactivó el Consejo de Seguridad del Estado Plurinacional (COSDEP), instancia en la que se aprobaron cuatro propuestas normativas: una Ley de Seguridad y Defensa, una norma para el funcionamiento del propio consejo, un marco para el sistema de Inteligencia del Estado y una herramienta legal para regular la participación excepcional de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado.
Sobre esta última propuesta, precisó que la intervención militar tendría un carácter excepcional, temporal, complementario y controlado, bajo autoridad civil, en coordinación con la Policía y con pleno respeto a los derechos humanos.
En su balance, la autoridad también destacó las operaciones ejecutadas por el Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando y la Armada Boliviana en zonas fronterizas, cuencas fluviales y espacios lacustres, orientadas a enfrentar actividades vinculadas al contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.
Asimismo, informó que Bolivia impulsa operaciones espejo con países vecinos. Detalló que ya existe coordinación con Brasil y Chile, mientras se busca ampliar ese mecanismo con Perú, Argentina y otros países limítrofes.
También mencionó las gestiones realizadas en Washington para fortalecer el control fronterizo, el intercambio de información, la vigilancia, la tecnología y la formación de personal, además de la participación boliviana en la Coalición de las Américas contra los Cárteles.
Entre los temas expuestos durante el informe también se incluyó la situación del sistema de radares Sidacta. Justiniano señaló que una revisión determinó que, de los 13 radares contratados, solo dos estaban operativos sin observaciones, nueve presentaban observaciones y dos no funcionaban.
A partir de esos antecedentes, el Ministerio de Defensa presentó una querella penal para investigar un presunto daño económico estimado inicialmente en más de Bs 1.478 millones.
“Será la justicia la que determine responsabilidades individuales”, afirmó.
El ministro añadió que se inició una revisión de las necesidades de mantenimiento, comunicaciones, movilidad, vigilancia, logística y entrenamiento de las Fuerzas Armadas. También anunció ajustes en los procedimientos de ascenso y evaluación, con el objetivo de que la carrera militar se base en el mérito, la formación, la antigüedad y el cumplimiento de las normas.
En el ámbito de la atención de emergencias, destacó la participación de efectivos militares en labores de rescate, tareas contra incendios y asistencia a comunidades afectadas por desastres. Del mismo modo, mencionó las acciones desarrolladas tras el accidente del avión Hércules en El Alto y las explosiones registradas en el Regimiento Bolívar, en Viacha.
Finalmente, Justiniano identificó como prioridades para la siguiente etapa la recuperación de capacidades de vigilancia aérea, el fortalecimiento del control fronterizo, la transformación de las empresas del sector defensa y la mejora de los mecanismos de prevención y respuesta ante desastres.
“No pretendemos medir una gestión por sus anuncios, sino por lo que quede funcionando”, sostuvo al cerrar la presentación
