La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) salió en defensa del decreto que levanta la subvención al precio del diésel en Bolivia, al considerar que la medida apunta, sobre todo, a frenar el contrabando de este carburante hacia otros países.
El gerente de la entidad, Demetrio Calabi Nowotni, sostuvo que las acciones asumidas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz buscan “asentarnos en la realidad” y evitar que el país siga destinando recursos a un combustible que termina favoreciendo a contrabandistas. En ese sentido, afirmó que Bolivia no puede continuar comprando diésel para sostener y alimentar esa actividad ilícita.
Calabi remarcó que el contrabando está restando recursos al país, recursos que —según dijo— podrían orientarse a inversión y desarrollo. Añadió que, mediante el diálogo y la concertación, se buscarán mecanismos para garantizar tanto los contratos vigentes como la inversión de la ABC.
Pese a la medida, el gerente aseguró que los trabajos de mantenimiento y conservación vial continúan desarrollándose con normalidad. Señaló además que la decisión del Ejecutivo no responde a un capricho, sino a una acción necesaria para encarar la situación económica del país.
Consultado sobre el posible impacto en el presupuesto de la ABC, tomando en cuenta que el precio del diésel subió en 83%, respondió que dentro de las conversaciones previstas se generarán otros mecanismos de apoyo para el sector transporte y productivo. En ese marco, explicó que se buscarán soluciones que no impliquen precios preferenciales de combustible para nadie, algo que, dijo, “quedó claro”.
Entre las alternativas mencionadas, Calabi habló de la liberación de aranceles para algunos productos importados, como el cemento asfáltico. Indicó que estas conversaciones estarán a cargo de la cabeza del sector, el Ministerio de Obras Públicas, aunque la ABC también tiene la responsabilidad de presentar todas las propuestas que puedan surgir desde la institucionalidad para asegurar el cumplimiento de los contratos.
El gerente informó, además, que ya se habló con las empresas encargadas del mantenimiento vial, las cuales asumieron el compromiso de continuar con los contratos. A su juicio, la mejor forma de usar los recursos de los bolivianos es mediante la inversión y no a través de subvenciones que terminan desviándose al contrabando y a otros destinos.
