Tras la reciente reversión por parte del Gobierno nacional de varias decisiones controversiales, incluyendo la derogación del Decreto Supremo 5503 y la flexibilización de restricciones presupuestarias para municipios y gobernaciones, surge un nuevo llamado desde Tarija para que se reevalúe la situación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ante la creciente oposición ciudadana al ingreso de empresas petroleras en la zona.
Johnny Torres, alcalde de Tarija, destacó públicamente la necesidad de que el Ejecutivo adopte una postura similar de diálogo y revisión respecto al conflicto en Tariquía, tal como lo hizo en el caso del DS 5503. Señaló que la preocupación por la actividad petrolera en esta área protegida no es un asunto aislado ni sectorial, sino una inquietud generalizada en el departamento que merece atención y análisis profundo.
Las autoridades locales y los sectores movilizados exigen una revisión exhaustiva del proceso mediante el cual se autorizó la perforación del pozo DMO X-3, cuestionando la transparencia y legalidad de dicho procedimiento.
El conflicto ha adquirido relevancia a nivel nacional, evidenciado por la próxima visita del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, al Cantón de Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos. Esta visita, programada para la mañana del martes, tiene como objetivo reunirse con comunarios y activistas que mantienen una vigilia constante en rechazo a la entrada de la empresa Petrobras en el área protegida.
Según información proporcionada por el vocero del vicepresidente, Wilfredo Vicente, la presencia de Lara responde a una solicitud de la comunidad local, que denunció la vulneración de sus derechos cuando la empresa petrolera ingresó a la zona con el respaldo de un contingente policial, superando el punto de vigilia establecido por los habitantes.
Vicente subrayó que existe un rechazo generalizado en Tarija hacia cualquier intervención petrolera en Tariquía, dado que se trata de una de las pocas áreas naturales protegidas del departamento y una región vital para el abastecimiento de agua. Además, destacó que la visita del vicepresidente permitirá escuchar las demandas de los comunarios y verificar la situación real en el terreno, ya que existen denuncias de desinformación y engaños relacionados con el proyecto.
La utilización de la fuerza policial para facilitar el ingreso de las petroleras ha generado malestar entre los sectores movilizados, quienes consideran que esta acción agravó el conflicto y minó la confianza en las autoridades nacionales.
Los habitantes de Chiquiacá argumentan que su principal preocupación es la protección de las fuentes de agua, dado que las actividades vinculadas al pozo DMO X-3 se desarrollan en una zona de recarga hídrica. Alertan que cualquier intervención petrolera podría impactar negativamente en las comunidades aguas abajo, su ganado y los ecosistemas de la reserva.
Asimismo, denuncian irregularidades en el proceso de consulta previa, indicando que no se realizó de manera amplia ni transparente, y que presuntamente se habrían efectuado pagos indebidos a ciertos dirigentes para obtener autorizaciones, mientras que la mayoría de las comunidades rechaza la presencia de las empresas petroleras.
Por su parte, el Gobierno sostiene que el proyecto se ubica fuera de los límites de la Reserva Nacional de Tariquía y asegura que se han cumplido todos los procedimientos administrativos y legales establecidos por la normativa vigente
