Los alcaldes de las nueve capitales de departamento y de El Alto dieron un plazo hasta este viernes 13 de noviembre al Gobierno nacional para que emita un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos de obras municipales, afectados por el encarecimiento de los costos de construcción y operación luego del retiro de la subvención a los combustibles.
La decisión fue asumida como parte de una hoja de ruta definida este lunes, en una reunión de coordinación en la que las autoridades municipales unificaron sus demandas para exigir una mayor redistribución de recursos, la devolución de fondos retenidos y la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las obras y de los servicios públicos.
La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, advirtió que varias inversiones municipales ya están paralizadas y que otras se encuentran en riesgo de resolución contractual porque las empresas no pueden sostener los trabajos con los precios vigentes. Según explicó, algunas constructoras se resisten a continuar porque los montos establecidos dejaron de cubrir sus costos.
“Muchas obras de inversión se han paralizado. Muchas otras están al borde de una rescisión, una resolución de contrato. Otras tantas están a la firma porque muchas empresas no quieren trabajar a pérdida”, señaló.
En la misma línea, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, alertó sobre el impacto que tuvo el incremento del diésel, cuyo precio pasó de Bs 9 a Bs 18 por litro, en la ejecución de proyectos y en la prestación de servicios municipales como el recojo de basura, el aseo urbano y el transporte. El burgomaestre planteó además un programa de readecuación financiera y el cumplimiento de compromisos pendientes con entidades estatales de financiamiento.
Los alcaldes anunciaron, además, que el lunes 16 de noviembre habrá una nueva reunión en La Paz, esta vez con la participación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y otras organizaciones del sistema asociativo municipal. La convocatoria también busca sumar a municipios pequeños e intermedios, con el objetivo de consolidar una posición conjunta frente al Gobierno nacional.
Dockweiler adelantó que en la mañana se coordinarán las acciones entre los gobiernos municipales y que, por la tarde, se invitará a representantes del Ejecutivo para abrir un espacio de diálogo.
Entre las principales demandas también figura la construcción de un pacto fiscal vinculante que permita avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos. Los alcaldes plantean como referencia el esquema 50/50, aunque insistieron en que debe tratarse de una decisión consensuada.
“Yo confío en el diálogo, en el gran consenso y el gran acuerdo nacional entre quienes tenemos, entre quienes se tiene que distribuir este 50-50. Al final, es a la gente a la que le tiene que llegar. No es ni al alcalde, ni al gobernador, ni al rector de la universidad”, afirmó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ‘Mamén’ Saavedra.
Añadió que un debate de esa magnitud no puede adelantarse sin socialización ni acuerdo previo. “Es necesario un gran debate entre todos los involucrados. Yo creo que sería irresponsable ya hablar de un porcentaje cualquiera que sea sin que haya habido esa situación de socializarlo, de debatirlo, de ponernos de acuerdo. Yo voy a ser consecuente y respetuoso en eso. No voy a hablar de cuánto debería ser el porcentaje hasta que estén los gobernadores, hasta que estén las universidades y todos los municipios de este país”, sostuvo.
La propuesta municipal incluye una hoja de ruta técnica con siete componentes, entre ellos la definición de la masa coparticipable, un cronograma de convergencia, la restitución de recursos y reformas legales. También exige la devolución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenidos durante 2025 y la suspensión de nuevas retenciones para 2027.
Los ediles plantearon avanzar de manera gradual hacia el 50/50 hasta 2030, en cuatro etapas. Según su propuesta, al final de ese periodo los municipios recibirían el 36%, las gobernaciones el 6,7% y las universidades públicas el 7,3%, mientras que el Gobierno central conservaría el 50%.
Los burgomaestres sostienen que sus demandas buscan asegurar recursos para atender las necesidades de la población y evitar que la falta de financiamiento afecte la ejecución de obras, así como la prestación de servicios vinculados con la salud, la educación y otras áreas municipales.
