La administración municipal enfrenta un período de significativas limitaciones económicas, con una disponibilidad de recursos notablemente reducida y una capacidad de inversión mínima. Esta coyuntura ha generado la expectativa de un inminente acuerdo fiscal con la nueva administración gubernamental, según ha señalado el titular del ejecutivo local.
La alcaldía busca superar una profunda crisis financiera, exacerbada por una drástica disminución de sus ingresos, particularmente aquellos derivados de la renta petrolera. El presupuesto actual destinado a inversiones se estima entre 15 y 30 millones de bolivianos. Para contextualizar esta cifra, el programa de desayuno escolar por sí solo asciende a 22.5 millones de bolivianos, y el bono para personas con discapacidad representa aproximadamente 8 millones de bolivianos.
La situación actual es motivo de considerable preocupación, lo que refuerza la esperanza en la implementación de un nuevo pacto fiscal. Desde hace un año, la autoridad municipal ha venido planteando la necesidad de reformar el actual esquema de coparticipación, donde el 75% de los recursos se destina al nivel central y el 25% restante se distribuye entre municipios y universidades. Se propone una reasignación que establezca una división equitativa, al menos en un 50-50.
El presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, ha manifestado su compromiso de firmar un decreto para establecer esta distribución paritaria de recursos el primer día de su mandato. Se prevé que la semana siguiente a la toma de posesión presidencial, se celebre una reunión entre el nuevo mandatario y la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) para concretar este decreto, lo que permitiría la asignación de fondos, posiblemente para acciones predeterminadas.
En cuanto a la coparticipación que llega a los municipios, el 20% que corresponde a Tarija asciende a 198 millones de bolivianos. Sin embargo, existe la posibilidad de que este monto sea mayor, ya que las administraciones gubernamentales precedentes no facilitaron la verificación precisa de las cifras correspondientes.
A pesar de las severas dificultades económicas, la gestión actual se esfuerza por culminar el período con los escasos recursos disponibles. Se considera una responsabilidad ineludible asegurar el pago de servicios, salarios y aguinaldos, entre otras obligaciones fundamentales, para evitar un cierre de gestión irresponsable
