El alcalde de Tarija, Jhonny Torres, manifestó que durante la administración anterior se intentó gestionar la suspensión del descuento del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), destinado al Fondo de Exploración y Explotación Petrolera, aunque sin obtener resultados favorables. Señaló que no se buscó la devolución de los montos retenidos, sino detener estos descuentos que afectan a los gobiernos municipales.
Torres destacó que, a lo largo de los últimos años, especialmente durante la gestión del expresidente Luis Arce, las municipalidades no han recibido información clara sobre el destino de los recursos descontados, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación en proyectos de exploración o inversión. Subrayó que esta retención fue establecida mediante una ley impulsada por el Movimiento al Socialismo (MAS), y que representa una suma considerable de dinero cuyo uso no ha sido transparentado.
El alcalde recordó que el IDH fue una conquista histórica impulsada por el especialista Clodomiro Aparicio, quien propuso su creación y su inclusión en la Ley de Hidrocarburos de 2005, con el fin de beneficiar a los municipios. Sin embargo, señaló que el MAS inicialmente se opuso a este impuesto, pero una vez en el gobierno asumió el control de estos recursos, otorgando competencias a los municipios que originalmente eran responsabilidad del nivel nacional.
En cuanto a la situación de Tarija, Torres mencionó que aún se encuentra pendiente una conciliación de cuentas relacionada con estos fondos. Aunque no precisó el monto que representa el 12% del IDH para su municipio en la gestión actual, indicó que se podría proporcionar una cifra basada en documentación oficial en futuras declaraciones.
Por otra parte, recordó que en 2019, durante la presidencia de Jeanine Añez, se restituyó una parte de este porcentaje, entre 14 y 18 millones de bolivianos, como medida de apoyo frente a la crisis generada por la pandemia de COVID-19. No obstante, con la llegada del gobierno de Luis Arce, los descuentos continuaron de manera constante.
Finalmente, el alcalde calificó la retención del 12% como una confiscación ilegal, argumentando que la Constitución establece claramente que estos recursos deben destinarse a los municipios y que ninguna ley puede contradecir lo estipulado en la Carta Magna. Por ello, consideró que esta práctica vulnera los derechos de las administraciones locales y afecta su capacidad financiera
