La eliminación de la subvención al diésel en Bolivia abrió un nuevo frente de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde las posiciones quedaron marcadamente divididas entre quienes advierten un golpe directo al bolsillo de la población y quienes consideran que la medida era inevitable para frenar el deterioro de la economía.
Tras el anuncio oficial del Gobierno, las reacciones no tardaron en aparecer. Para el diputado Rolando Pacheco, la decisión terminará beneficiando únicamente a un grupo reducido de personas, mientras que la mayoría de la población asumirá las consecuencias del encarecimiento del combustible. El legislador cuestionó además que el país siga pagando el “diésel más caro del mundo” por la compra con “sobreprecio a las transnacionales”, y sostuvo que detrás de esta situación existe un negocio que favorece a pocos a costa de la ciudadanía.
Pacheco advirtió que el incremento del precio del diésel tendrá efectos en cadena sobre la economía cotidiana. Según explicó, el alza impactará en el transporte público y en los costos de producción de distintos productos agrícolas, con repercusiones directas en la canasta familiar y, en consecuencia, en el costo de vida de los bolivianos.
En contraste, el diputado Alejandro Reyes defendió la decisión del Ejecutivo y recordó que la subvención representaba una pérdida semanal superior a los 55 millones de dólares. A su juicio, el problema no se limita al gasto fiscal, sino también al contrabando que, según dijo, se veía favorecido por el bajo precio de los combustibles en el país. Reyes planteó que Bolivia debía asumir una decisión difícil, pero necesaria, si el objetivo era salir de la crisis, evitar el desabastecimiento y frenar el daño que, en su criterio, provoca el contrabando a la economía nacional.
La discusión también alcanzó al Senado. Branko Marinkovic consideró que la eliminación del subsidio no puede aplicarse de manera aislada y que debe ir acompañada de medidas inmediatas para reactivar la economía. En esa línea, planteó que el Gobierno dialogue con el sector del transporte público para discutir no solo el subsidio al combustible, sino también el pasaje.
El debate se intensificó luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara la unificación del precio del diésel para todos los consumidores. Con esa decisión, el Gobierno puso fin a una diferencia que, de acuerdo con las propias autoridades, alimentaba el contrabando y la reventa del carburante. Aun así, la medida sigue generando preocupación por su posible efecto en el transporte, la producción agrícola y, finalmente, en el costo de vida de la población.
