La Asociación Nacional de la Prensa (ANP/Diarios) pidió a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados acelerar el tratamiento de la Ley de Acceso a la Información, aprobada por el Senado el 27 de agosto, al considerar que su promulgación puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer la transparencia y el control del gasto público.
El planteamiento fue formulado por el presidente de la ANP/Diarios, Jorge Carrasco, quien exhortó a los legisladores de la Cámara Baja a dar curso a una norma que permita conocer con mayor facilidad la administración de los recursos públicos en el gobierno central, las gobernaciones departamentales, los municipios y el conjunto de entidades estatales. Según sostuvo, los ciudadanos deben acceder sin mayores trabas a información sobre la ejecución del gasto público, en línea con el espíritu del proyecto aprobado por la Cámara Alta.
La demanda de la ANP/Diarios no es nueva. La organización, junto con otros colectivos, lleva 15 años reclamando una ley que facilite a cualquier ciudadano solicitar informes y datos sobre las actividades de los servidores públicos. En ese marco, el proyecto se apoya en el artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado y establece un alcance amplio, que comprende a los órganos del Estado, entidades e instituciones públicas, además de empresas públicas, universidades públicas y otras instancias descentralizadas o desconcentradas en las que el Estado tenga participación accionaria, reciba recursos o preste servicios públicos.
El texto también incorpora a toda persona natural o jurídica, individual o colectiva, que se constituya en solicitante. En sus definiciones, el proyecto precisa que el solicitante es quien, en ejercicio de su derecho a la petición, requiere información pública ante la entidad obligada. Asimismo, el artículo 10 dispone que la información debe entregarse en el estado en que se encuentre al momento de la solicitud, lo que busca evitar dilaciones o modificaciones posteriores que dificulten el acceso ciudadano.
La propuesta obliga a las entidades e instituciones alcanzadas por la norma a entregar la información requerida en los formatos físicos o digitales que tengan registrados, salvo las restricciones previstas por ley y la correspondiente clasificación. Entre las excepciones figuran los casos vinculados con seguridad nacional, secretos industriales, comerciales, científicos, técnicos o tecnológicos que puedan afectar la competitividad o lesionar intereses de la entidad obligada. También se excluye aquella información que afecte derechos fundamentales, como la privacidad, intimidad, dignidad, reputación e imagen de las personas, o que ponga en riesgo su vida, integridad o seguridad.
El proyecto además contempla que no se entregue información cuando exista orden judicial, requerimiento fiscal o resolución constitucional. Con ese marco, la ANP/Diarios considera que la norma puede mejorar el acceso a datos sobre la gestión pública y, en consecuencia, reforzar el control social sobre el uso de los recursos del Estado.
La iniciativa tiene antecedentes recientes en la Asamblea Legislativa. El 23 de octubre de 2024, un proyecto impulsado por la entonces senadora Silvia Salame fue aprobado en la Cámara Alta y remitido a la Comisión de Justicia Plural de Diputados, aunque su trámite no avanzó. Posteriormente, la senadora Soledad Chapetón presentó el proyecto de ley No. 066/2025-2026 C.S., que recogió propuestas de organizaciones ciudadanas y elementos del texto anterior. Esa nueva versión fue aprobada en detalle por el Senado el 27 de agosto y enviada a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde ahora la ANP/Diarios pide que se acelere su análisis.
