El poder ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Arce, oficializó este miércoles la Ley de Diferimiento de Créditos, una normativa que había sido previamente aprobada por la Asamblea Legislativa la semana anterior. La promulgación de esta legislación se produce en un contexto de marcada oposición por parte del sector bancario y empresarial del país.
Diversos colectivos sociales habían manifestado su descontento ante la dilación en la sanción de esta medida. No obstante, la normativa ha sido confirmada con su publicación en la plataforma digital de la Gaceta Oficial, marcando su entrada en vigor.
Entre sus disposiciones fundamentales, la ley establece una moratoria automática, lo que implica que las entidades financieras están obligadas a postergar el cobro de las cuotas crediticias por un periodo de seis meses. Esta medida está específicamente diseñada para beneficiar a los préstamos destinados a vivienda de interés social y a aquellos otorgados a microempresarios. La postergación abarca la totalidad de los componentes de la cuota, incluyendo el capital, los intereses devengados, las primas de seguros, las comisiones y cualquier otro cargo asociado.
Adicionalmente, y por el mismo lapso de seis meses, la ley decreta la suspensión a nivel nacional de todas las órdenes judiciales de embargo, así como la ejecución de sentencias, los remates, los desapoderamientos y otras acciones legales vinculadas al cobro de créditos de vivienda de interés social.
Un aspecto crucial de la legislación es que el diferimiento no acarreará un incremento en las tasas de interés, ni la aplicación de sanciones o penalizaciones por mora. Tampoco se permitirá el anatocismo (intereses sobre intereses) ni la imposición de costos administrativos adicionales a los deudores.
El Gobierno nacional ha sido instruido para desarrollar la reglamentación de esta ley mediante un Decreto Supremo. Este proceso deberá completarse en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación oficial.
El sector bancario ha manifestado su rotundo rechazo a la ley, argumentando que comprometerá significativamente la liquidez del sistema financiero. Según sus proyecciones, esta situación mermaría su capacidad para otorgar nuevos financiamientos, impactando negativamente en la economía.
Desde el ámbito político, el diputado Manolo Rojas, representante del PDC, expresó su desaprobación a la normativa. Argumentó que la aprobación por parte del partido gobernante busca, a su juicio, propiciar una desestabilización financiera. El legislador anunció su intención de elaborar una propuesta para revertir el diferimiento establecido
