El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, salió al paso de las declaraciones del ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y cuestionó el origen de sus acusaciones. “Viniendo de una persona que está siendo investigada, llama poderosamente la atención por qué no dijo nada en las elecciones subnacionales”, afirmó en respuesta a la versión que vincula a Rómer Saucedo con una supuesta maniobra para interferir en los comicios municipales de San Ignacio de Velasco.
Quezada hizo esas declaraciones ante un fiscal, dentro de una investigación por delitos relacionados con el narcotráfico y el caso Maletas. El ex presidente del TDJ fue aprehendido y en las próximas horas deberá presentarse ante un juez, que definirá su situación jurídica.
Desde República Dominicana, donde participa en la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada por la OEA, Ávila negó que haya existido coordinación con Saucedo para excluir a las agrupaciones ASIP y Seguridad, Orden y Libertad (SOL) del proceso electoral. En una entrevista telefónica con EL DEBER, aseguró que el Órgano Electoral actuó en cumplimiento de una sentencia constitucional y descartó cualquier acuerdo previo. “Jamás hemos coordinado esos temas. Hemos cumplido la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional”, sostuvo.
El titular del TSE insistió en que las autoridades electorales están obligadas a acatar las decisiones emitidas por la justicia constitucional. A su juicio, desobedecer una sentencia implicaría incurrir en una falta grave. “Si no cumplimos una sentencia, nosotros cometemos un delito”, afirmó.
La secuencia de decisiones en este caso quedó reflejada en los documentos del proceso. El 19 de febrero, la Sala Constitucional Primera dispuso que el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz se pronuncie sobre una denuncia vinculada a las personerías jurídicas. Más adelante, el 27 de febrero, el TED resolvió cancelar las siglas ASIP y SOL debido a que no alcanzaron el 3% de los votos válidos en las elecciones subnacionales de 2021. Finalmente, el 10 de marzo, el TSE ratificó esa determinación al resolver una apelación.
En sus declaraciones, Quezada aseguró que Saucedo “movió cielo, mar y tierra” para que su tío llegara a la alcaldía de San Ignacio de Velasco y afirmó que el ex presidente del TSJ mantuvo coordinación constante con el presidente del TSE para lograr ese objetivo. Ávila rechazó de manera categórica esa versión y remarcó que las decisiones del Órgano Electoral no dependen de una sola autoridad.
“Somos un grupo colegiado y todas las decisiones se toman por unanimidad en los miembros, incluida esta”, explicó. También recordó que, en primera instancia, la administración del proceso de las elecciones subnacionales correspondió al TED de Santa Cruz.
Consultado sobre una eventual convocatoria de la Fiscalía para esclarecer las acusaciones de Quezada, Ávila dijo que está dispuesto a colaborar. “Nosotros, prestos a cualquier convocatoria, abiertos como siempre, transparentes”, manifestó.
La polémica también generó repercusiones en el ámbito político cruceño. El gobernador Juan Pablo Velasco denunció amenazas y presiones judiciales para impedir que Libre presentara candidatos en San Ignacio de Velasco. Según su versión, Christian Méndez fue inhabilitado y luego un segundo postulante fue retirado de las listas, lo que dejó a esa organización fuera de la contienda municipal. Velasco pidió que se investigue a los operadores judiciales presuntamente involucrados en esas decisiones.
